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¿Qué pasará con el INTA?: el Senado y un fallo judicial pusieron un freno definitivo a las reformas

Por abrumadora mayoría, la oposición en la Cámara Alta dejó firme el rechazo que ya se había expresado en Diputados contra el decreto que dispuso la transformación del INTA. En paralelo, un juzgado de Buenos Aires dio lugar a un amparo impulsado por el gremio APINTA en contra de los cambios.

22 de agosto de 2025
en Nacionales
¿Qué pasará con el INTA?: el Senado y un fallo judicial pusieron un freno definitivo a las reformas
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“Con 10 votos afirmativos, 60 en contra y 1 abstención queda rechazado el decreto de facultades delegadas número 462/25 que dispone la disolución y transformaciones de organismos del Ministerio de Economía”.

Así informó el Senado este jueves por la tarde la decisión que tomaron los legisladores de dejar firme el rechazo que ya se había expresado en Diputados contra el decreto que dispuso la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un “organismo desregulado” dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdiendo su autarquía y pasando a depender directamente del Poder Ejecutivo.

Esta abrumadora mayoría es la que necesitaba la oposición para obligar al presidente Javier Milei a rever el decreto, lo cual está legalmente obligado a hacer, salvo que avance por la vía judicial, algo que por el momento se desconoce si lo hará.

Mientras tanto, en paralelo a lo sucedido en el Congreso, se conoció un fallo judicial de un juzgado bonaerense que dio lugar a un amparo impulsado por el gremio Apinta, que nuclea a los trabajadores del Instituto, y que también le pone un freno a su reestructuración.

LOS SENADORES Y EL INTA

La discusión por el futuro del INTA fue uno de los temas protagónicos dentro de una extensa sesión en la que se están discutiendo otros aspectos claves, como el financiamiento universitario, y luego de lo que fue la votación del miércoles, en la que el Senado también rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad.

En este marco, la cuenta en la red social X del Senado hizo un repaso de las opiniones vertidas por algunos senadores, tanto a favor como en contra de las reformas en el organismo.

Eduardo Vischi, senador por Corrientes y jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara Alta, expresó su rechazo porque “estos DNUs afectan derechos constitucionales, se metieron en un solo decretos varios organismos y eso es difícil de diferenciar. Hay problemas de cancelación de organismos que tienen absoluta responsabilidad del Estado”.

En tanto, un conocido del sector, el senador entrerriano del PRO y presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Alfredo De Angeli, afirmó: “El INTA tiene un prestigio tremendo a nivel internacional, tenemos que preservar su autarquía”.

Entre otros aspectos, citó como ejemplo que el trabajo con el INTA fue lo que derivó en la primera cosechadora de algodón para la zona de Santa Fe, Chaco y Formosa.

Del mismo modo, Fernando Salino, senador por San Luis de Unión por la Patria, agregó: “Bienvenido sea el superávit fiscal, pero estos derechos los vamos a defender y vamos defender la dignidad de los trabajadores, la investigación científica, nuestra cultura argentina, nuestra tradición y nuestra identidad”.

Otra referente del PRO, la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, aportó: “El INTI y el INTA son claras demostraciones de cómo el Estado funciona. De cómo el Estado, con el sector privado, las pymes, el agro y la industria sí funcionan, exportan, son calidad. El Estado no es un lastre, es un activo para al economía argentina”.

Desde las filas del kirchnerismo, Mariano Recalde puntualizó: “Nosotros vamos a bancar el Instituto Nacional del Teatro, Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, la marina mercante y todo lo que vienen a destruir. Estamos para rechazar estos decretos y para defender la institucionalidad y la división de poderes”.

Del otro lado, a favor de las reformas impulsadas por Milei se expresó el senador y jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche. “Llenaron de militantes políticos y premiaron a militantes con cargos en el Estado nacional. Eso es tan fácil de ver que cualquier argentino lo sabe. Aumentaron la masa de administrativos de gente de sus filas políticas en los estamentos estatales”, advirtió.

“Estos decretos han sido dictados dentro del marco legal por una facultad delegada del Congreso, guste o no. Todo lo demás, la discusión política, es propio de la coyuntura, es año electoral”, compartió, por su parte, otro senador de LLA: Juan Carlos Pagotto, de San Luis.

Por último, Juan Carlos Romero, de Salta, mencionó: “El INTA es emblemático en todo el país y cumple una misión fabulosa, pero también es cierto que desde el 2003 han duplicado los empleados y no sabemos si se han duplicado los resultados de las investigaciones o la producción”.

LA JUSTICIA, TAMBIÉN CONTRA EL DECRETO DEL INTA

En paralelo, unas horas antes de la votación en el Senado, un fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ya había abierto otra puerta hacia un freno en el decreto reestructurador.

En concreto, la jueza Martina Isabel Forns hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de ejecutar actos administrativos derivados del decreto.

Es decir, no puede realizar traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTA.

El argumento de la magistrada es que se configuraron los requisitos de “verosimilitud en el derecho” y “peligro en la demora” para dictar esta medida precautoria, que tendrá un plazo de vigencia de seis meses.

Vale mencionar que, entre otras fundamentaciones, Apinta y ATE habían considerado, para pedir la cautelar, que el decreto provoca la disolución del organismo como ente autárquico y eso se considera un vaciamiento contrario al decreto-ley 21.680 que dio origen al INTA.

Asimismo, acusaron que la medida afecta derechos adquiridos, la estabilidad del empleo público y la vigencia de los convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo de su personal.

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