El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, desreguló el mercado de fletes agropecuarios al abrogar las resoluciones que establecían esquemas tarifarios de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y afines. En este contexto, la medida, formalizada mediante la resolución 48/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca “lograr una mayor claridad y eficacia en la desregulación, desburocratización y simplificación del Estado nacional”. La medida cosechó el apoyo de entidades de la producción como la Sociedad Rural Argentina (SRA). En tanto, un sector de los transportistas expresaron reparos.
La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, se asienta en el marco legal que rige para el transporte automotor de cargas, establecido por la ley 24.653. Esta norma asignó al entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación, para fijar políticas generales y específicas del sector.
Según dijeron en la normativa, a lo largo de los años se habían establecido mecanismos de referencia. La resolución 8 del 1° de abril de 2016 de la exSecretaría de Gestión Transporte había aprobado un Esquema Tarifario Referencial para el transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados.
Esta resolución también había creado la “Mesa de Negociación Participativa”, un mecanismo para determinar la Tarifa de Referencia, integrada por cámaras empresariales del sector, entidades agrarias, y representantes de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del entonces Ministerio de Agroindustria.
La Tarifa de Referencia debía ser consignada por los sujetos obligados al completar el formulario de la Carta de Porte para el Transporte Automotor de Granos, y la Subsecretaría de Transporte Automotor era la encargada de actualizarla.
El procedimiento para la convocatoria y funcionamiento de esta Mesa de Negociación Participativa fue modificado posteriormente por la resolución 190 del 3 de diciembre de 2018 y la disposición 1 del 1° de febrero de 2019. Esta última dispuso que la Subsecretaría de Transporte Automotor establecería su propia fórmula de cálculo para la determinación y actualización de las tarifas referenciales, que serviría para el análisis de los Informes de Costos.
Más recientemente, la resolución conjunta 1 del 21 de abril de 2023 había creado una “Mesa de Trabajo” en el ámbito de la exSecretaría de Gestión de Transporte y la exSecretaría de Planificación de Transporte, ambas del entonces Ministerio de Transporte. La composición de esta Mesa de Trabajo, que inicialmente incluía a Secretarios y representantes de cámaras como la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), fue ampliada por la resolución 83 del 6 de diciembre de 2023. La nueva conformación incluyó además a representantes de la Mesa de Enlace, Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, la SRA y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación Nacional de Acopiadores de Granos y funcionarios del Ministerio de Economía.
No obstante, dijeron, esta estructura comenzó a mostrar fisuras cuando varias entidades clave expresaron su deseo de no seguir participando. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) manifestó “su voluntad de no participar en lo sucesivo de la Mesa de Trabajo destinada a establecer Precios de Referencia”, argumentando que no cuenta con empresas asociadas dedicadas al transporte de cereales y oleaginosas.
En un sentido similar, indicaron, la Fadeeac también comunicó “su decisión de no participar de tal Mesa de Trabajo”. Esta cámara sostuvo que la transparencia en los costos del transporte haría “mucho más dinámico y justo, que todo el proceso actual se reúna y conforme en un Índice de Costos serio y bien elaborado para trasladarlo a negociaciones de tarifa individuales entre transportistas y los otros actores del mercado en cuestión, sin intervención alguna de la Autoridad Pública”.
La SRA, que agrupa a productores agropecuarios de todo el país, también expresó formalmente “su decisión de no participar en futuras reuniones para la determinación de tarifas indicativas o de referencia”. Para la SRA, la mejor política en este ámbito es aquella que “respeta la libertad de mercado y la capacidad de los actores privados para establecer sus propios acuerdos comerciales”.
Ante este escenario, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas (DNTAC), dependiente de la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Economía, realizó un análisis. En su informe, señaló que, si bien el Estado no intervenía en la definición de acuerdos, los “valores de referencia” que surgieron de las Mesas de Trabajo habían sido “objeto de diversas interpretaciones respecto de su aplicación, dando lugar a situaciones en las que los acuerdos alcanzados resultaron divergentes respecto de las referencias establecidas, mientras que el propósito fue brindar un marco orientador y no establecer un valor vinculante”.
En consecuencia, la DNTAC consideró “pertinente armonizar y actualizar la normativa vigente, para optimizar su aplicación y adecuarla a las necesidades actuales del sector”. Subrayó la necesidad de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica” y recomendó explícitamente “derogar la resolución 8 del 1° de abril de 2016, así como la resolución conjunta 1 del 2 de abril de 2023”.
Adicionalmente, se destacó que, de forma paralela a estas discusiones, el sector privado ya había avanzado en sus propios acuerdos. El 10 de marzo de 2025, se celebró un “Acta Acuerdo” entre representantes del sector transportista y los dadores de carga, quienes establecieron “de común acuerdo un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional para el transporte automotor de carga de la producción agropecuaria”.
(Fuente: La Nación)
