Durante más de dos décadas, las históricas y permanentes disputas entre los productores y los secaderos por el precio de la yerba mate fue zanjada a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que laudaba ante estos conflictos y terminaba fijando un precio “conveniente” para ambas partes.
Sin embargo, la llegada al poder de Javier Milei y su idea de reducir al mínimo posible la intervención estatal en la economía cambió la ecuación: le quitó al INYM la potestad de poder establecer un valor de referencia por el kilo de hoja verde, algo que quedó ratificado en las últimas horas por un decreto firmado por el Presidente, junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y al ministro de Economía, Luis Caputo.
LAS NUEVAS FUNCIONES DEL INYM
“El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”, señala el nuevo texto del artículo 8° del Decreto N° 1.240 del 12 de julio de 2022.
Asimismo, se derogan los artículos 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del mismo decreto y se “instruye” al INYM a que, en plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la presente medida, releve y adecue toda normativa dictada por el citado Instituto Nacional que contradiga lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 1240 del 12 de julio de 2002.
Cabe recordar que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 ya se habían introducido modificaciones a la mencionada Ley N° 25.564 referidas a los objetivos, las funciones y las facultades del INYM.
En ese marco, la Casa Rosada recordó que entre sus principales objetivos se encuentra alcanzar una administración pública al servicio de los ciudadanos en un marco de eficiencia, eficacia y calidad para lograr responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad.
“A tales fines,resulta necesaria una modernización del INYM, de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo”, argumenta el Gobierno en los considerandos del decreto.
