La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) anunció este lunes su decisión de adherir a la movilización nacional convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) del próximo jueves 18 de diciembre, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.
“La discusión sobre el futuro del trabajo en la Argentina no puede dejar afuera las realidades de quienes sostienen la producción del país”, afirmó la UATRE en un comunicado en el que informó esta determinación.
LA UATRE, CONTRA LA REFORMA LABORAL
Según la visión del gremio, la reforma laboral anunciada “implica un retroceso en derechos básicos y habilita mayor precarización, debilitando la negociación colectiva, facilitando la discrecionalidad patronal y reduciendo garantías históricas del movimiento obrero”.
“Tal como está planteada, la presente reforma laboral busca atomizar las negociaciones, hacer más débiles las paritarias y facilitar los despidos, afectando de manera directa la capacidad de los trabajadores de defender sus condiciones de empleo. Defender derechos es también defender la calidad del empleo y la competitividad del país”, continuó la UATRE.
En este contexto, el sindicato enumeró los que considera puntos críticos que afectan a los trabajadores rurales:
- La reducción de la responsabilidad solidaria en esquemas de contratistas
- La incorporación del período de prueba, algo que no existe en el sector, que llega hasta ocho meses
- La pérdida de atribuciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para fijar salarios mínimos.
“Estos elementos muestran que el proyecto no contempla adecuadamente la realidad laboral del
país y puede profundizar inequidades preexistentes”, consideró la UATRE.
Además, opinó que “una reforma laboral seria debe partir de una realidad ineludible: el 70% de los trabajadores rurales continúa en la informalidad. Mejorar el empleo exige combatir este problema, garantizar trabajo registrado y erradicar prácticas aún presentes en diversas regiones del país, como la explotación laboral e incluso casos de trabajo infantil”.
En este contexto, la UATRE sostuvo que los gremios no están en contra de la modernización ni de las políticas que impulsen el trabajo digno, pero sí aclaran que una modernización real se logra fortaleciendo un sistema laboral más justo, formal, moderno y sostenible para todas las partes.
“Reafirmamos nuestra vocación de diálogo y consensos, siempre orientados a ampliar derechos, mejorar la protección de los trabajadores y promover empleo registrado. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con cada trabajadora y trabajador de la Argentina”, cerró la UATRE.
EL RESPALDO DEL CAMPO A LA REFORMA LABORAL
Vale recordar en este contexto que el rechazo de la UATRE está en un terreno diametralmente opuesto al amplio respaldo que consiguió el proyecto de reforma laboral de parte de las entidades del agro.
La primera en expresar su apoyo al respecto fue la Sociedad Rural Argentina (SRA), que informó que participó de un trabajo conjunto con funcionarios y legisladores nacionales, como así también con integrantes del Consejo de Mayo, “donde hemos expresado que la reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores”.
Ante el temor de que la agenda agropecuaria quedara al margen, la entidad buscó presentar su propia propuestani quedar “fuera del debate”.
“Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en un proceso de modernización conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro”, estimaron.
En SRA entienden que mantener normas desvinculadas del campo “podría disuadir la formalidad o impulsar la informalidad, con costos para trabajadores y productores”.
Lo que se propuso, remarcaron, fue recibido por la Casa Rosada de manera favorable y con “el compromiso de que serán integradas al proyecto de Ley de Modernización Laboral”.
Entre lo más destacado que pide SRA se encuentra la eliminación de responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra que alquila y el arrendatario que produce; la eliminación de la figura de “trabajador permanente discontinuo”; llevar el período de prueba a ocho meses; generar una negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace, “sin participación estatal”; crear un “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador y la actualización de créditos laborales “de forma razonable”.
Además consideraron que los impactos que se esperan de dichas iniciativas serían:
- Empleo e inversión: mayor previsibilidad y marco regulatorio adaptado podría atraer inversiones y generar empleo estacional.
- Costos laborales: reconfiguración de indemnizaciones y mecanismos de financiación (FAL).
- Formalidad: menor informalidad si se mejora la claridad y la eficiencia del marco legal.
REFORMA LABORAL: LA VISIÓN AGROINDUSTRIAL
En tanto, con foco en el RIMI, el “Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones”, desde el Consejo Agroindustrial Argentino expresaron el “acuerdo y beneplácito” por el Proyecto de Ley.
“Este capítulo ha sido gestionado por el CAA desde sus orígenes y las gestiones y acuerdos con el Ministro Caputo, autoridades del MECON; Consejo de Mayo más la Senadora Carolina Losada han sido exitosos para que el RIMI integre en el Proyecto de Ley”, indicaron.
Además ponderaron que tanto la “modernización laboral” como el RIMI “van a generar un efecto positivo en las inversiones, el empleo, producción y las exportaciones agroindustriales en una cifra incremental de alrededor de u$s 15 mil millones”, así como beneficios para productores agropecuarios.
“Trabajaremos en el Senado para lograr que se avance y se adopten mejoras para lograr la plena competitividad y haremos aportes para que el RIMI alcance a todo tipo de empresa agropecuaria y agroindustrial”, expresó Gustavo Idígoras, Presidente del CAA.
Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, destacó que se trata de“un paso estratégico para avanzar en las reformas estructurales que el país necesita para generar condiciones de crecimiento económico y mayor empleo”.
“Es muy positiva la inclusión del capítulo sobre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) en el proyecto, desde la agroindustria hemos trabajado con las autoridades en su elaboración con la plena convicción que generará más inversiones en el sector, más producción y agregado de valor y con ello más empleo e ingresos de divisas para la economía”, dijo la FAIM.
Por último, las Bolsas de Cereales y de Comercio manifestaron también su amplio respaldo a las “reformas laborales e incentivos para impulsar la competitividad y la inversión”.
“Valoramos la iniciativa como un paso muy positivo y necesario para fortalecer la competitividad de la economía argentina”, remarcaron. También ponderaron la inclusión del RIMI.
Consideraron que el régimen “constituye una herramienta clave para generar mejores condiciones de inversión en el sector agropecuario, promoviendo el crecimiento productivo, la incorporación de tecnología y la ampliación de la capacidad instalada”.
“Del mismo modo, el Proyecto de Modernización Laboral es interpretado como un avance relevante para contar con un marco normativo más moderno y adecuado para la generación de empleo formal, al tiempo que contribuirá a reducir los niveles de informalidad en el mercado de trabajo”, cerraron.
El comunicado fue adherido por:
- Bolsa de Cereales de Buenos Aires
- Bolsa de Comercio de Rosario
- Bolsa de Cereales de Córdoba
- Bolsa de Cereales de Entre Ríos
- Bolsa de Comercio de Santa Fe
- Bolsa de Comercio del Chaco
- Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca
