El debate por una nueva Ley de Semillas volvió a instalarse con fuerza en la agenda agropecuaria argentina, atravesado por una tensión que no es nueva pero sí cada vez más determinante: cómo equilibrar el acceso a la tecnología con la sostenibilidad económica del productor. En este contexto, la posible adopción de un marco normativo alineado a estándares internacionales como UPOV 91 abre interrogantes en torno al uso propio de semillas, el pago de regalías y el rol del Estado en la regulación del sistema.
Desde el norte del país, donde las condiciones productivas están marcadas por mayores costos logísticos y una estructura más ajustada, las voces del sector advierten que cualquier cambio debe contemplar las particularidades regionales. Así lo expresó José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, quien planteó la necesidad de que el debate se traduzca en oportunidades concretas para el desarrollo.
“Como punto de partida de la discusión, nosotros como región nos merecemos la incorporación de tecnología. Somos muy efectivos produciendo con lo que tenemos hoy, pero el avance tecnológico no nos está llegando con toda su fuerza hacia la región, al país entero les diría”, sostuvo. En ese sentido, valoró la instancia de diálogo como una oportunidad: “Es importante tener estas discusiones porque nos está abriendo un espectro hacia el futuro”.
Uno de los ejes centrales del debate es la posible restricción al uso propio de semillas, una práctica histórica entre productores que podría verse limitada en función de los nuevos esquemas regulatorios. Si bien el marco de UPOV 91 plantea lineamientos generales, su implementación concreta dependería de una ley nacional que debe ser debatida en el Congreso. “Toda esa ley que se genere a través de ese marco tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestro foco al marco de UPOV91”, explicó Frías Silva, quien además señaló que esta discusión también responde a exigencias internacionales.
En paralelo, el pago de regalías por el uso de semillas mejoradas aparece como otro punto sensible. Si bien desde el sector productivo reconocen la importancia de retribuir la inversión en genética, el contexto económico genera preocupación. “Creo que nadie está en desacuerdo con el pago de regalías por la tecnología. Pero en la situación en la que nos encontramos los productores, después de muy malas campañas, decir que tenemos que pagar regalías hoy puede sonar muy chocante”, afirmó.
La cuestión de los costos se vuelve aún más crítica en regiones como el NOA, donde las distancias a los puertos y la carga impositiva afectan directamente la rentabilidad. “Esto va de la mano también con una desregulación que principalmente está impactando por las distancias de los puertos y por las retenciones”, agregó.
A pesar de estas dificultades, desde la Sociedad Rural de Tucumán sostienen una postura clara en favor de la innovación. “Estamos convencidos que si alguien invierte en genética para que nosotros tengamos mejores producciones, será siempre muy bienvenido”, afirmó Frías Silva, dejando en claro que el rechazo no es a la tecnología, sino a las condiciones en las que se pretende implementarla.
Otro de los aspectos que genera debate es la concentración del mercado semillero, dominado por grandes compañías a nivel global. Si bien evitó profundizar en este punto, el dirigente reconoció que se trata de un escenario ya instalado. “Hoy creo que ya está, de cierto modo, concentrada la producción y tenemos que tratar de que las regulaciones en el futuro (para la aplicación de las normas) nosotros tengamos incidencia como productores”, señaló.
En este contexto, la comparación con otros países de la región también aparece como referencia. Brasil, por ejemplo, mantiene un esquema basado en UPOV 78, pero logró avanzar en la reglamentación del uso propio, generando condiciones más equilibradas para el productor. “Nosotros perdimos esas oportunidades de discutirlo”, reconoció Frías Silva, quien recordó antecedentes de negociación en el país: “Hace unos 10 años los semilleros querían aplicarnos una regalía del 5, era una barbaridad. La producción se paró y se logró bajar”.
De cara al futuro, el desafío será construir consensos entre todos los actores de la cadena: productores, semilleros y Estado. Para el dirigente, el camino es claro: diálogo y acuerdos que permitan sostener la competitividad sin frenar la innovación. “La producción debería juntarse con los semilleros para llegar a un acuerdo y llevarle una propuesta al Estado para que se aplique vía INASE. Tenemos que tener la madurez para que sea un ganar-ganar”, planteó.
La clave, según resumió, está en encontrar un punto de equilibrio que no ahogue al productor ni desincentive la inversión en tecnología. “No sirve pagar una regalía que mate al productor. El que fabrica tecnología debe tener recursos para hacerlo y para nosotros debe ser un pago lógico”, afirmó.
En un escenario donde el agro argentino busca recuperar competitividad tras varias campañas adversas, la discusión por la Ley de Semillas aparece como una pieza central. Más allá de las diferencias, hay un consenso que comienza a consolidarse: la tecnología es imprescindible, pero su implementación debe ser justa, gradual y adaptada a la realidad productiva del país. “Quiero recalcar que como institución estamos 100% de acuerdo en que la tecnología debe pagarse, pero tratemos de llegar a un punto justo”, concluyó Frías Silva.
