El gobierno nacional oficializó una medida estratégica para la infraestructura logística del país. Delegó a nueve provincias la potestad de concesionar tramos de rutas nacionales bajo el sistema de peaje.
A través del Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo busca agilizar la reparación, el mantenimiento y la ampliación de la red vial. Se trata de un punto clave para la competitividad agropecuaria y comercial.
En una decisión clave para la infraestructura logística del sector agropecuario. El campo, en reiteradas oportunidades, pidió obras y reparaciones para poder “sacar” la cosecha a los puertos.
A partir del decreto, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz tendrán injerencia en las rutas nacionales. Para formalizar esta decisión, el artículo 1 de la normativa establece: «Delégase en las provincias de […] la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos».
Los gobiernos provinciales deberán suscribir convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, entidad que evaluará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto. Santa Fe fue una de las provincias que reclamó esta decisión.
Entre las rutas incluidas en el plan está la A012. Además, se espera que la provincia avance a un sistema de peaje único para el ingreso a los puertos que facilitaría la logística en plena cosecha de la campaña gruesa.
Delegación y fondos
A pesar de la autonomía operativa otorgada a las provincias, la normativa fija restricciones estrictas respecto a la propiedad de la infraestructura. En este sentido, el texto oficial aclaró que la delegación que se determina por el presente no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional.
Con el objetivo de garantizar que la recaudación tarifaria se traduzca exclusivamente en mejoras directas y palpables para el usuario, se impone un cerrojo económico. “Los fondos obtenidos de la explotación del tramo objeto de concesión no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza, aun cuando tengan vinculación física, técnica o de otra naturaleza con aquel», concluyó.
