“El 12 de mayo, SRA, CRA, FAA, CONINAGRO, AAPRESID y CREA le pedimos al INASE suspender el proyecto de resolución de semillas. Planteamos 8 objeciones concretas. El 8 de junio lo publicaron igual. 6 puntos ignorados. El sector habló . El Gobierno no escuchó”.
El mensaje pertenece a Vanesa Padullés Igoillo, presidenta de Coninagro Córdoba, y fue pronunciado el lunes, pocas horas después de que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) oficializaran cambios para el control del mercado de semillas, estableciendo un nuevo protocolo de fiscalización que busca evitar el uso de variedades -principalmente, de soja- que no se hayan adquirido por las vías formales establecidas.
De hecho, recientemente la Mesa de Enlace consensuó una propuesta para que esta normativa vetusta -data de 1973- sea actualizada, con un uso propio “oneroso”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió avanzar con esta reglamentación propia, que ya había sido adelantada por Sturzenegger a los ruralistas.
De fondo, todavía subyace que la Casa Rosada, al firmar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, incluyó una cláusula de adhesión al convenio UPOV-91, algo que es resistido por productores locales y avalado por los semilleros.
¿SE VIENE, AHORA SÍ, LA LEY DE SEMILLAS?
En este contexto, al parecer el Gobierno recogió las críticas, porque rápidamente convocó, en las últimas horas, a una nueva reunión entre funcionarios nacionales y representantes del campo para que se pueda avanzar definitivamente con la ley tan esperada.
A la misma acudieron, como en los anteriores encuentros sobre este tema, representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, de Aapresid, de Aacrea y de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA).
Las posiciones, una vez más, volvieron a quedar claras en lo que cada parte viene pidiendo hace tiempo: el Gobierno y ASA impulsan la adhesión a UPOV 91, que otorga más poder a los obtentores para cobrar regalías, mientras que desde el ruralismo impulsan un proyecto propio, que garantiza el uso propio “oneroso”, pero bajo diferentes circunstancias.
Por el momento, parece más bien un intento oficial por calmar las aguas, porque los avances concretos son muy pocos, ya que tanto de un lado como del otro las opiniones son firmes.
En este contexto, “valoramos las recientes decisiones orientadas a fortalecer el rol del Instituto Nacional de Semillas (INASE), al considerar que constituyen un paso importante para avanzar hacia una ley de semillas moderna, equilibrada y acorde a las necesidades tanto de los productores agropecuarios como de quienes desarrollan nuevas tecnologías para el sector”, indicó la Sociedad Rural Argentina (SRA) al respecto.
Y añadió: “Contar con un marco normativo actualizado es fundamental para promover la innovación, brindar previsibilidad a las inversiones y generar las condiciones necesarias para que la Argentina continúe siendo un referente en materia de producción agropecuaria”.
La SRA indicó también que “la mejora de la productividad depende de muchas variables, y también de políticas públicas que incentiven la producción, fomenten la inversión, promuevan la competitividad y generen un entorno favorable para quienes todos los días apuestan por producir en nuestro país”.
“Por ello, consideramos indispensable avanzar en una agenda integral que combine el fortalecimiento de la innovación tecnológica con medidas que permitan a los productores desarrollar todo su potencial, contribuyendo así al crecimiento de la agroindustria y al desarrollo económico de la Argentina”, prosiguió.
Y cerró: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a los distintos actores de la cadena agroindustrial para construir consensos que impulsen una producción cada vez más eficiente, sustentable y competitiva”.
LA VISIÓN DE CONINAGRO
En tanto, Coninagro había expresado el lunes: “Desde nuestra entidad, compartimos la necesidad de proteger la innovación genética y los derechos de los obtentores, ya que constituyen un elemento fundamental para promover la inversión en investigación y el desarrollo de nuevas variedades que contribuyan a mejorar la productividad del sector agropecuario”.
De todos modos, advirtió: “Al mismo tiempo, resulta indispensable que la implementación de este sistema no genere nuevas cargas operativas, costos o responsabilidades para las cooperativas, acopios y demás operadores de la cadena comercial”.
“La adecuada instrumentación de la norma requerirá garantizar transparencia, seguridad jurídica y debido proceso, así como una clara delimitación de responsabilidades entre el Estado, los obtentores, los laboratorios intervinientes y los operadores comerciales”, agregó la Confederación.
En tanto, concluyó que “cualquier mecanismo de control debe procurar un adecuado equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual, la competitividad del sistema productivo y el normal funcionamiento de los distintos actores que integran la cadena agroindustrial”.
