Frente a una emergencia que compromete la continuidad de numerosas explotaciones, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) impulsa una red federal de asistencia para acompañar a los productores afectados.
La iniciativa busca transformar la solidaridad entre entidades rurales en ayuda concreta, con recursos logísticos y productivos adaptados a las necesidades de cada región.
El anuncio fue realizado por el presidente de CRA, Carlos Castagnani, durante su participación en ArgenCarne, en Río Cuarto, donde expuso las principales preocupaciones de la entidad y reclamó respuestas coordinadas entre el Estado y las organizaciones del sector.
Uno de los puntos centrales de su planteo fue la situación de quienes, ante la imposibilidad de mantener sus animales en campos inundados, se ven obligados a desprenderse anticipadamente de su hacienda.
“Estamos hablando de una venta forzosa, no de una decisión comercial voluntaria“, remarcó Castagnani, al describir las consecuencias económicas que enfrentan los establecimientos afectados.
En ese contexto, sostuvo que la emergencia no puede abordarse únicamente desde la perspectiva productiva, sino que también requiere contemplar el impacto financiero e impositivo que recae sobre los damnificados.
UNA RED FEDERAL PARA RESPONDER A LA EMERGENCIA
La propuesta de CRA contempla poner a disposición las sociedades rurales de todo el país para colaborar con predios donde alojar animales, transporte, alimentos e insumos.
La intención es aprovechar la presencia territorial de la entidad para conectar las necesidades de los productores con los recursos disponibles en otras zonas y facilitar una respuesta más rápida ante las contingencias climáticas.
“Como lo hicimos durante la pandemia, queremos demostrar que la solidaridad entre productores se transforma en hechos cuando más se necesita. Esa es la esencia de una entidad verdaderamente federal”, expresó el dirigente.
En paralelo, la entidad mantiene conversaciones con las autoridades nacionales para impulsar medidas de emergencia y alivio fiscal.
Entre las alternativas planteadas, Castagnani propuso analizar mecanismos tributarios que contemplen las particularidades de las ventas anticipadas de hacienda, incluido el tratamiento del Impuesto a las Ganancias, para evitar que una situación de necesidad productiva derive también en una carga impositiva extraordinaria.
El planteo apunta a reconocer que el productor que vende sus animales porque perdió la posibilidad de mantenerlos en el campo no actúa bajo las mismas condiciones que quien decide comercializar su hacienda en un escenario normal.
Para CRA, las respuestas deben considerar esa diferencia y contribuir a sostener la continuidad de las explotaciones afectadas.
SANIDAD Y MERCADOS: OTRO FRENTE DE PREOCUPACIÓN
Durante su intervención en ArgenCarne, Castagnani también defendió el patrimonio sanitario de la ganadería argentina y expresó la posición de CRA frente a los cambios vinculados con el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.
“Entendemos y compartimos el objetivo de reducir los costos de producción. Pero creemos que debemos actuar con prudencia cuando está en juego la sanidad de nuestros rodeos y la confianza internacional“, sostuvo.
En esa línea, sintetizó la postura de la entidad con una definición contundente: “Para los productores, la vacuna no es simplemente un costo: es un seguro”.
El presidente de CRA comparó la prevención sanitaria con las herramientas utilizadas para proteger una cosecha y remarcó que el estatus sanitario argentino es un activo estratégico construido durante años de trabajo.
Ese reconocimiento, señaló, resulta fundamental para sostener el acceso a mercados exigentes y ampliar las oportunidades comerciales de la carne argentina.
Asimismo, destacó el papel del INTA, el SENASA y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al considerar que la investigación, la sanidad y la promoción internacional son pilares para mejorar la productividad y consolidar el posicionamiento del país como proveedor de alimentos.
Castagnani también se refirió a las exigencias ambientales y de trazabilidad, en particular a los desafíos que plantean los sistemas de certificación.
Sostuvo que su implementación debe avanzar con reglas claras y equitativas, sin transformarse en nuevas barreras comerciales ni trasladar mayores costos a los productores. Además, reclamó que se reconozca económicamente el esfuerzo de quienes generan información, invierten y cumplen con esos requerimientos.
RETENCIONES, IMPUESTOS E INFRAESTRUCTURA
La agenda planteada por CRA incluyó, además, los problemas estructurales que condicionan la competitividad del agro. Castagnani volvió a reclamar la eliminación definitiva de los derechos de exportación, aunque reconoció las medidas adoptadas para reducirlos.
“Las retenciones no son un reclamo circunstancial. Son una deuda pendiente con la producción argentina“, afirmó.
El dirigente también pidió revisar el Impuesto al Cheque, los Ingresos Brutos provinciales, los impuestos inmobiliarios rurales y las tasas municipales que, según señaló, en muchos casos no tienen una contraprestación acorde.
Para la entidad, aliviar la presión impositiva es una condición necesaria para promover inversiones, generar empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo en las economías regionales. Sin embargo, Castagnani advirtió que el desafío no se limita a los tributos: también requiere infraestructura que permita producir y comercializar en condiciones competitivas.
En ese sentido, reclamó caminos rurales transitables, rutas en buenas condiciones y un sistema ferroviario adaptado a las necesidades productivas.
También expresó preocupación por la inclusión como opcionales de los ramales C14 y C15 en la licitación del Belgrano Cargas, al considerar que son estratégicos para la integración comercial con Bolivia y Chile.
“Caminos rurales, rutas, ferrocarriles e Hidrovía deben formar parte de una misma política de infraestructura al servicio de la producción nacional”, sostuvo.
RESPUESTA QUE NECESITA COORDINACIÓN
Más allá de los reclamos sectoriales, CRA insistió en que las emergencias requieren presencia territorial, articulación institucional y medidas que contemplen las particularidades de cada región. La red federal de asistencia se inscribe en esa lógica: movilizar la estructura de las sociedades rurales para brindar apoyo concreto a los productores que atraviesan situaciones críticas.
La iniciativa busca que la emergencia hídrica no se traduzca en mayores dificultades para sostener la actividad, en un contexto en el que las ventas forzosas de hacienda pueden comprometer los resultados económicos de los establecimientos. A la asistencia directa se suma el pedido de herramientas fiscales que permitan amortiguar las consecuencias de una contingencia ajena a la voluntad del productor.
En el cierre de su intervención, Castagnani reafirmó el perfil gremial de la entidad y la necesidad de sostener el diálogo para construir soluciones.
“Desde CRA no hacemos política partidaria: hacemos política gremial, defendiendo los intereses de nuestros productores y de las comunidades rurales“, afirmó.
Con la puesta en marcha de esta red federal, la entidad busca convertir esa representación en una respuesta concreta ante las inundaciones, mientras mantiene sus reclamos por condiciones impositivas, sanitarias y de infraestructura que permitan sostener la producción agropecuaria en todo el país.
