Productores tucumanos realizaron en la mañana de ayer una asamblea, que incluyó un corte de ruta, para protestar ante los rigurosos bloqueos limítrofes dispuestos por el gobierno de Santiago del Estero para evitar el ingreso de casos de coronavirus a esa provincia.
La convocatoria contó con decenas de ruralistas, entre ellos el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), Sebastián Murga quien comentó a Suena a Campo que no se pudo sacar demasiadas conclusiones ya que la negativa por parte de Santiago del Estero se mantiene firme. “Hemos pedido a dirigentes tucumanos que intercedan para formular una posible solución. Mañana nos reuniremos con el Ministro de la Producción de Tucumán para pedirles nuevamente que intercedan por nosotros” expresó.
La novedad es que dirigentes santiagueños pidieron un listado de productores tucumanos que necesitan ingresar a la vecina provincia por cuestiones laborales. Esta medida fue calificada como inapropiada por Murga ya que existe una ley nacional que permite a cualquier ciudadano circular libremente entre provincias. Sin embargo, señaló que se intentará confeccionar dicho listado.
A esto añadió, que no solo se trata de productores o propietarios de los campos sino también de sus familias, empleados, personal técnico, etc. Existen en Tucumán alrededor de 100 productores que no están pudiendo llegar a sus lugares de trabajo por lo que las actividades productivas se ven entorpecidas.
Según Murga, la SRT ha presentado un recurso de amparo ante la justicia pidiendo que se respete la libertad de circulación y los derechos constitucionales de los trabajadores. En este momento se encuentran a la espera de una respuesta por parte del poder judicial.
En relación a la medida que ha tomado recientemente la gobernación de Tucumán de cerrar las fronteras durante 60 días, el dirigente expresó conformidad ya que la incertidumbre con respecto a la circulación del virus del Covid-19 ha llevado a extremar las medidas de seguridad para cuidar la salud de la población.
“La medida me parece acertada, pero no se compara con la rigurosidad que ha tomado Santiago del Estero ya que la legislatura tucumana ha tenido en cuenta la gran importancia que tienen las actividades esenciales, por lo tanto, han quedado exceptuadas” dijo.
Finalmente, Murga expresó que Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, sin embargo, la mirada del gobierno es totalmente diferente en muchas oportunidades. “Tendremos que seguir trabajando para convencerlos de que ponerle trabas al sector productivo en una economía tan golpeada por la paralización no será la solución” concluyó.
Otro de los presentes en la asamblea de la localidad de Las Cejas, fue el productor agropecuario tucumano Augusto Battig quién expresó su enojo ante esta situación y comentó que son muchas las personas que se han visto perjudicadas ante esta medida a la vez que la calificó de anticonstitucional ya que no permite circular libremente ni gozar de la propiedad privada.
“La situación no da para más, en el campo hay cosas que no pueden esterar y esto nos causa un prejuicio muy grande. De las actividades que están exentas, la alimenticia es una de las más importantes sin ánimos de quitar mérito a las demás. No solo por la necesidad de alimentos sino por las divisas que genera, los únicos ingresos genuinos que obtiene el país en dólares son los provenientes de la agroindustria” dijo, a vez que expresó que se encuentran trabajando cuesta arriba.
Además, comentó que muchos pequeños productores se han visto perjudicados en mayor medida llegando a perder la totalidad de sus cosechas. Como ejemplo citó a productores de zapallo, que, al no haber podido recoger su cosecha a tiempo, se ha perdido por completo un año de trabajo e inversión, sumado a que en algunos casos es el único ingreso para sus familias.
Con respecto al recurso de amparo que presentaron desde Apronor con el apoyo del diputado José Cano, Battig explicó que se siguieron lineamientos similares a lo acontecido en la provincia de San Luis que ha atravesado por una situación similar. A esto se sumó una medida cautelar en un intento de encontrar una solución legal a este conflicto.
Para el entrevistado el problema radica en que no se unifican los procedimientos. “Si existe un DNU nacional y un certificado único de circulación, no puede ser que una provincia modifique este decreto dictado por el ejecutivo de la nación” añadió.
“La situación no da para más, es una bola de nieve que debemos parar ahora, el poder político debería organizarse para encontrar una acuerdo entre provincias y una solución para todos los que nos encontramos a la espera de poder volver a trabajar con normalidad” concluyó.
