Un proyecto de Ley presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) ha generado una enorme polémica en las últimas horas, debido a que apunta a regular el uso de suelos y muchos dirigentes del agro interpretan que, a la hora de su puesta en práctica, podría significar un avance sobre la propiedad privada y el poder de decisión de los productores.
“Rechazamos el proyecto de Ley de Suelos elaborado por el CIAFBA, esto avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”, criticó la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
En concreto, según la entidad que preside Ignacio Kovarsky, son 10 los puntos críticos que tiene esta propuesta normativa:
- Obligatoriedad generalizada: Todos los productores (dueños o arrendatarios) deben cumplir prácticas definidas por el Estado.
- Definición de “suelos aptos” por el Estado: Criterios oficiales pueden dejar tierras improductivas.
- Planes de uso y manejo obligatorios: Cada cuatro años, con firma profesional y aprobación estatal.
- Distritos de Cuidado y Consorcios: Obliga a integrarse a estructuras colectivas.
- Facultades amplias al Ministerio: Poder concentrado para decidir, controlar y sancionar.
- Nueva carga fiscal indirecta: Creación de un Fondo Provincial que abre otra “caja” de recursos.
- Beneficios condicionados: Incentivos atados estrictamente al cumplimiento de la ley.
- Sanciones graves: Multas, pérdida de beneficios, exclusión de programas y derivación judicial.
- Intervencionismo en prácticas productivas: El Estado define qué cultivos o técnicas se permiten o no.
- Expansión de la burocracia: Nuevas mesas de control, más estructuras y mayor injerencia política.
“SI BIEN SUENA LINDO, ES MUY MALO”
Quien encendió las alertas en primer término fue el diputado bonaerense y productor, Luciano Bugallo, quien en sus redes se define como republicano, humanista y liberal, y representa a la Coalición Cívica (CCARI).
Tanto Bugallo como quienes formularon sus cuestionamientos después, apuntan no tanto a lo que plantea la ley en sí, sino a cómo se instrumentaría y los riesgos de que termine habilitando al Estado a realizar controles y dictar normativas que sean restrictivas para la producción. “El proyecto si bien suena muy lindo, es muy malo y peor aún, en las manos equivocadas, puede volverse una herramienta de persecución, un esquema de control y terminar violando de la propiedad privada, además de generar gasto público y mayor burocracia”, advirtió Bugallo al respecto.
Acto seguido, realizó una larga enumeración, similar a la de Carbap, sobre los puntos críticos de esta propuesta.
“En resumen: limita la propiedad privada al declarar la tierra de “interés público”, crea un monopolio corporativo para los ingenieros agrónomos, obliga a la asociación forzosa de productores en consorcios, impone planificación centralizada de los cultivos mediante planes obligatorios aprobados por el Estado, aumenta la burocracia y el gasto público con mesas, fondos y organismos de control, e instala un sistema de premios y castigos que convierte al productor en súbdito del poder político”, subrayó Bugallo.
Y reiteró: “En lugar de fomentar la innovación, la inversión y la libertad de producción, el proyecto promueve un esquema intervencionista y corporativista que puede usarse como herramienta de persecución política y económica contra el campo”.
MÁS VOCES CRÍTICAS
Tras estos planteos, fueron numerosas las voces de referentes del sector que salieron a cuestionar al Colegio de Agrónomos bonaerense.
“Éste es un nuevo proyecto que atenta contra la propiedad privada y la libertad de comercio y producción de los productores agropecuarios, con la única finalidad de crear más burocracia y más cargos estatales para todos los profesionales que el mercado sabiamente excluyó”, disparó el productor y agroinfluencer José Álvarez, conocido como Bumper Crop.
“Más allá de las buenas intenciones que pueda haber, pretender remplazar en las decisiones al que más sabe de cuidado del suelo, de rotaciones balanceadas y de supervivencia económica (el productor) es raro. Y pegaría directo en la competitividad”, compartió el consultor de empresas agropecuarias, Teo Zorraquin.
“Debajo de un buen propósito, esconde burocracia de la mala y da para pensar mal”, coincidió el exsecretario de Agricultura y expresidente del Senasa, Ricardo Negri.
“Los Ingenieros Agrónomos tenemos muchas áreas de acción laboral, es inaceptable que se recurra al poder del Estado para generar un evidente curro con la carga burocrática que implica, y lo que es peor, que atenta contra la propiedad privada y la libertad de empresa. Como matriculado obligado del CIAFBA, exijo formalmente que se retire este proyecto de la legislatura dado que no me representa en absoluto”, indicó el expresidente de Aapresid, José Luis Tedesco.
