“Interviénese por el término de 180 días la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), facultándose al Ministerio de Salud a prorrogar dicho plazo, de considerarlo necesario para la consecución del objetivo del presente acto”.
Así reza el artículo 1° del decreto 127/2026 que publicó este miércoles el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial y que prolonga la disputa entre el Gobierno y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por el control de Osprera.
A partir de ahora, el Ejecutivo dispuso que el nuevo interventor de Osprera sea César Augusto Lococo, quien deberá elevar un informe mensual de su gestión, ante la Superintendencia de Servicios de Salud, con el fin de continuar con la normalización de la obra social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional.
EL CASO OSPRERA: UNA LARGA NOVELA SIN FIN
Cabe recordar que todo se remonta a 2023, cuando la Justicia Federal intervino Osprera, hasta que en julio de 2024 volvió a manos de la UATRE.
Sin embargo, eso duró poco: un mes después, el Poder Ejecutivo nacional denunció “gravísimos incumplimientos” en la administración de la obra social y la intervino por decreto, argumentando -entre otras cosas-, una deuda superior a $ 45.000 millones.
A partir de allí, se dio una escalada de fuertes acusaciones de la UATRE al Gobierno, que llegaron a su punto cúlmine en marzo del año pasado, cuando el gremio aseguró que, producto de desmanejos de la intervención, había trabajadores rurales que no estaban recibiendo sus prestaciones, e incluso denunció un fallecimiento por ese motivo.
En los meses subsiguientes, la UATRE continuó atacando al Gobierno por esta situación, hasta que el 14 de enero pasado llegó el fallo que le restituyó el manejo de Osprera, que ahora fue revocado por la Cámara Federal.
LOS FUNDAMENTOS DEL GOBIERNO PARA LA INTERVENCIÓN
En los considerandos del decreto, para argumentar el por qué de la intervención el Ejecutivo hizo foco precisamente en que, con fecha del 19 de febrero pasado, la Sala N° 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal dictó sentencia en el incidente FLP 23.599/2024/5/2/CA9, revocando la decisión de grado en todo cuanto fuera materia de recurso y dejando sin efecto la restitución del control de Osprera a manos de la UATRE.
Esto fue, según el Gobierno, “al considerar que no se encontraba desvirtuado el peligro en la demora que motivara la adopción de las medidas cautelares originarias, ni tampoco había disminuido la verosimilitud del derecho invocada al momento de su dictado”.
El Ejecutivo citó al respecto una parte textual del fallo del Tribunal de Alzada: “El peligro en la demora invocado oportunamente no se ha visto desvirtuado por el -alegado- resultado positivo de la intervención. Como se dijo, la justificación de la ‘autorización’ judicial respondió a una hipótesis de administración fraudulenta y a las estipulaciones del artículo 23 del Código Penal, que no se agota con aquella normalización. Lo opuesto importaría afirmar que, a pesar de mantenerse las condiciones en las que se ordenó la suspensión de autoridades en un proceso penal, corresponde la restitución si en el trascurso de la ‘intervención’ se lograra una mejora en la situación económico-financiera del ente intervenido; desnaturalizando, en definitiva, el fundamento penal de la limitación”.
Asimismo, el Ejecutivo recordó que la citada Cámara Federal puso de relieve “la complejidad del derrotero judicial y administrativo de la intervención, señalando la necesidad de un examen integral que contemple la vigencia de las decisiones adoptadas, los plazos fijados y la coexistencia con otras resoluciones judiciales y administrativas”.
“La decisión adoptada por la referida Cámara Federal dejó sin efecto la restitución de autoridades y mantuvo la vigencia del esquema cautelar que habilitó a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar las medidas necesarias para la normalización y continuidad del servicio, lo que excluye toda hipótesis de restablecimiento definitivo del gobierno originario de la entidad”, completó.
En este punto, vale insistir en que el Gobierno ya había intervenido Osprera a mediados de 2024, “en atención a las graves irregularidades constatadas en su funcionamiento institucional, económico-financiero y prestacional”, pero el plazo de esa intervención oportunamente dispuesto y prorrogado se venció, y es lo que llevó a la publicación de este nuevo decreto.
En este marco, el Ejecutivo manifestó que “la cobertura médico-asistencial brindada por los Agentes del Seguro de Salud constituye un servicio de carácter esencial vinculado con el derecho a la salud reconocido por la Constitución Nacional, por lo que corresponde asegurar su continuidad y regularidad mediante medidas proporcionadas y temporales”.
E insistió en que Osprera “registra antecedentes de grave deterioro institucional, económico-financiero y prestacional, con elevados niveles de litigiosidad y endeudamiento, circunstancias que comprometen su normal funcionamiento y exigen una conducción inmediata y responsable”.
(Fuente: Infocampo)
