El equilibrio fiscal se consolidó como uno de los pilares centrales del programa económico del Gobierno. Luego de asumir con un elevado nivel de gasto público heredado, la administración nacional impulsó un profundo ajuste que permitió reducir el gasto del 19,6% al 15% del PBI y alcanzar en 2024 un superávit primario equivalente al 1,8% del producto. Así lo señala un informe macroeconómico elaborado por CREA, que destaca que el recorte incluyó menores desembolsos en infraestructura, subsidios, programas sociales, salarios estatales y transferencias a las provincias.
Durante 2025 el proceso continuó, aunque con menor intensidad. La reducción adicional del gasto fue de 0,44 puntos del PBI y estuvo acompañada por una leve recuperación de algunas prestaciones sociales, especialmente jubilaciones. Aun así, el resultado fiscal volvió a cerrar con saldo positivo por segundo año consecutivo, con un superávit primario del 1,39% del PBI, consolidando una señal de disciplina fiscal que el oficialismo considera clave para sostener la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo -destaca el informe- el panorama para 2026 aparece más complejo. Varias partidas ya se encuentran en niveles mínimos, como la inversión en infraestructura y las transferencias a las provincias, mientras que eventuales recortes sobre jubilaciones requerirían reformas legislativas de difícil viabilidad política. A esto se suma el impacto del aumento internacional de los precios de la energía, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que limita el ahorro esperado por la reducción de subsidios. En este contexto, el gasto público prácticamente no mostró cambios en lo que va del año.
Con menores posibilidades de profundizar el ajuste, el foco comenzó a desplazarse hacia los ingresos, advierte el análisis de CREA. La desaparición del impuesto PAIS y la desaceleración de sectores con fuerte incidencia tributaria, como la industria y el comercio, afectan la capacidad de recaudación. Si bien la economía mantiene expectativas de crecimiento para este año, los ingresos tributarios acumulados durante los primeros meses de 2026 se ubican por debajo de los niveles registrados en igual período de 2025, una situación que condiciona el cumplimiento de las metas fiscales.
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En paralelo, el Gobierno anunció nuevas reducciones en los derechos de exportación para productos agroindustriales. El trigo y la cebada verán disminuidas sus alícuotas desde junio, mientras que la soja, el maíz y el sorgo iniciarán un esquema de baja gradual a partir de 2027. Aunque el sector productivo valoró la continuidad de la reducción de retenciones, diversas entidades señalaron que se perdió la oportunidad de eliminar completamente el impuesto para algunos cultivos, especialmente en un contexto de fuerte incremento de los costos de producción, impulsados por el encarecimiento de los fertilizantes.
El informe destaca que “el Gobierno condiciona las bajas de los impuestos a la agroindustria al sostenimiento del equilibrio fiscal y sus metas, pero evidentemente hay otros sectores que terminan siendo más prioritarios, como el minero o el petrolero (RIGI)”; y agrega que con un superávit acumulado del 0,5% del PBI y una meta anual de 1,5%, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar tres objetivos simultáneos: sostener la disciplina fiscal, preservar los ingresos tributarios y avanzar en una reducción de la presión impositiva. Mientras el FMI impulsa reformas para fortalecer la recaudación, la administración nacional busca mantener el sendero de estabilidad alcanzado.
