En medio del debate por una eventual reforma de la Ley de Semillas, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) volvió a expresar su rechazo a los cambios que impulsa el Gobierno y lanzó una nueva campaña de difusión para advertir sobre las consecuencias que, a su entender, tendría la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91.
A través de un video difundido en redes sociales, la entidad sostiene que la iniciativa pone en riesgo uno de los derechos históricos de los agricultores: el uso propio de la semilla.
“Adherir a UPOV 91 no es modernización, es una transferencia directa de recursos desde nuestro sector hacia las multinacionales“, afirmó la entidad en su mensaje.
Actualmente, la legislación argentina, basada en el acta UPOV 78, permite que los productores puedan reservar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente sin tener que pagar nuevas regalías por esa semilla.
EL FOCO DE LA DISCUSIÓN: EL USO PROPIO
La eventual adhesión al acta UPOV 91 modificaría ese esquema al fortalecer los derechos de propiedad intelectual de los obtentores vegetales y establecer mayores restricciones sobre el uso propio, un punto que desde Apronor consideran central para la sustentabilidad económica de los productores.
Mientras los sectores que impulsan la reforma sostienen que el nuevo régimen favorecería la llegada de inversiones, nuevas tecnologías y un marco legal alineado con los principales mercados del mundo, la entidad del norte plantea que los beneficios no llegarían al productor.
“Quieren que el uso propio, un derecho histórico que garantiza nuestra resiliencia en el Norte, se convierta en un costo impagable”, advirtió Apronor en un video institucional que difunció en sus redes sociales esta semana.
“UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS”
La organización sostiene que detrás de la reforma existe una transferencia de ingresos desde los productores hacia las empresas obtentoras de semillas mediante un sistema de cobro más estricto de regalías.
En ese sentido, cuestionó que el debate se presente únicamente como una modernización del sistema y aseguró que las consecuencias económicas recaerán directamente sobre quienes producen.
“Lo que el Estado y los semilleros no quieren que sepas” es que el nuevo esquema implicaría limitar el derecho al uso propio y avanzar sobre un insumo estratégico para la producción, señala el mensaje difundido por la entidad.
Además, Apronor advirtió sobre el riesgo de una creciente concentración del mercado. “Los semilleros buscan monopolizar el mercado y el Estado recaudar“, sostienen desde la asociación, al tiempo que alertan sobre una posible “cartelización de un insumo elemental” para la actividad agropecuaria.
UN RECLAMO QUE SE MANTIENE EN EL TIEMPO
La postura difundida en las últimas horas no constituye una novedad dentro de la agenda institucional de Apronor.
Desde hace varios meses, la entidad viene manifestando públicamente su oposición a cualquier modificación que limite el uso propio de semillas y reclama que cualquier actualización de la normativa preserve ese derecho.
Según argumentan, el contexto productivo del norte argentino hace aún más delicada la situación. “En el NOA ya cargamos con fletes altos y DEXs asfixiantes. No podemos permitir que también se apropien de nuestra libertad de siembra”, expresó la entidad.
Lejos de plantear un rechazo a la incorporación de nuevas tecnologías, Apronor aseguró que acompaña los procesos de innovación, aunque considera que estos no deben implicar una pérdida de derechos para quienes producen.
“Defendemos la innovación, pero no a costa de la pérdida de autonomía y la expropiación silenciosa de la renta del productor”, remarcaron.
Con este nuevo pronunciamiento, la entidad busca volver a instalar el debate sobre el futuro de la Ley de Semillas y sumar información entre los productores acerca de una discusión que promete ocupar un lugar relevante en la agenda agropecuaria durante los próximos meses.
