A solo tres meses para que finalice el año, la cuenta regresiva para que los productores argentinos tengan una nueva ley de semillas corre cada vez más rápido: si finaliza 2026 sin que el proyecto ingrese al Congreso, resulta difícil pensar que se aborde un tema siempre polémico durante un 2027 electoral.
De allí que, este lunes, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGYP) tuvo lugar una nueva reunión convocada por el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE), para intentar que finalmente llegue a buen puerto el diálogo entre las entidades rurales y los semilleros, de cara a que definitivamente haya una nueva normativa que reconozca la propiedad intelectual en las semillas.
No obstante, del encuentro de las últimas horas se desprende prácticamente la misma conclusión que de la reunión anterior y de todas las que vinieron ocurriendo a lo largo del año: hay mucho diálogo, pero pocos avances concretos.
¿EN QUÉ ESTÁ LA NUEVA LEY DE SEMILLAS?
La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue, por el momento, la única entidad de las que integran la Mesa de Enlace que salió a relatar algunos detalles de este nuevo meeting entre las diferentes partes.
“Participamos de una reunión de trabajo realizada en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, en la que junto a representantes de distintos sectores de la producción y de la industria semillera planteamos nuestras posiciones e intercambiamos miradas con el Gobierno sobre una futura modificación de la Ley de Semillas”, indicó la SRA.
En su representación asistió el director, Tomás Palazón. En general, salvo Coninagro que tuvo a su presidente, Lucas Magnano, las entidades no estuvieron participando con sus principales figuras. Federación Agraria directamente estuvo ausente por la realización de su Congreso anual.
Como se mencionó, de lo informado por la Sociedad Rural se desprende que no hubo grandes avances: “En la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a una posible reforma y se plantearon temas que aún requieren análisis y discusión. En este sentido, continuaremos trabajando junto a las entidades de la producción para avanzar en una posición común y realizar los aportes correspondientes”, remarcó.
Y completó: “Desde la SRA valoramos que exista un ámbito de diálogo y consideramos que una reforma de esta importancia debe contemplar consenso amplio, equilibrio, previsibilidad y reglas claras, compatibilizando la innovación y el desarrollo tecnológico con los derechos del agricultor y la realidad productiva”.
Ahora, la entidad que conduce Nicolás Pino dijo que solo resta esperar que el Gobierno presente la propuesta final de nueva ley de semillas para, una vez conocida, analizarla institucionalmente y fijar posición sobre sus alcances.
LAS SEMILLAS Y EL USO PROPIO
Tal como ha venido relatando Infocampo a lo largo de todo este tiempo, hay dos discusiones que tienen especial relevancia en esta intención de “aggiornar” a la realidad actual una ley de semillas que está sin cambios desde fines de los ’70, cuando ni siquiera existían los cultivos transgénicos.
Una de ellas es la adhesión o no al protocolo internacional UPOV-91: la normativa actual forma parte de UPOV-78, que garantiza el uso propio del productor. Actualmente, las semilleras y el propio Gobierno pretenden adherir formalmente a UPOV-91 –esto forma parte incluso del pacto comercial con Estados Unidos–, algo que encuentra rechazo en el ruralismo, que considera que este protocolo da más ventajas a los obtentores y perjudica a los productores.
No obstante, el trasfondo más fuerte y tema clave sigue siendo el famoso “uso propio” de las semillas: cómo lograr que el mercado pague más regalías por las mejoras biotecnológicas que se van obteniendo en las semillas.
Si bien hubo avances, fuentes del sector señalaron que en esta última reunión siguieron manifestándose diferencias con relación a cómo se instrumentará el uso propio oneroso y a quienes alcanzará.
A grandes rasgos, mientras que desde el campo se intenta que solo deban abonarlo un tercio de los productores –los que siembran más hectáreas, de acuerdo con lo que puede cotejarse en el Sistema de Información Simplificado Agrícola–, la industria semillera considera esto insuficiente y quiere que la proporción alcance a alrededor de dos tercios del mercado.
Aquí entonces es donde deberá laudar el Gobierno, que ahora ya con toda la información sobre la mesa se encargará de armar un proyecto de ley que intente mediar entre las partes y que además vaya al Congreso con la certeza de que ninguna de ellas hará esfuerzos por frenarla.
Mientras tanto, durante el fin de semana el debate en las redes volvió a centrarse en otro aspecto: nadie tendría problemas en pagar más por las semillas si, antes de formalizar una nueva ley, se eliminaran las retenciones.
Esa es, al fin y al cabo según la interpretación de muchos dirigentes, la real diferencia que hay entre Argentina y otros países, como Brasil, donde el reconocimiento a la propiedad intelectual es una práctica habitual, sin necesidad de modificar leyes o adherir a UPOV-91, ya que el país carioca está en UPOV-78.
