En 2016 el gobierno macrista diseñó un anteproyecto de reforma de la Ley de Semillas (Nº 20.247/73) en el cual se declaraba de «orden público» el reconocimiento de toda propiedad intelectual al momento de comprar semilla.
Eso implicaba que las regalías por todo concepto de propiedad intelectual (germoplasma + eventos biotecnológicos) deberían cobrarse solamente al momento de adquirir la semilla. Es decir: no podrían percibirse en ninguna otra circunstancia.
Pero el nuevo anteproyecto diseñado por el oficialismo -que será enviado próximamente al Congreso- no incluye el concepto de «orden público» en el texto.
«Al no ser de orden público, los propietarios de patentes que licencien el uso de las mismas a empresas semilleras pueden reservarse la posibilidad de cobrar a los productores un canon por el uso de esas patentes», explicó Jorge Solmi, abogado, empresario agropecuario de la zona de Pergamino y dirigente de Federación Agraria (FAA).
«El concepto de orden público, en términos jurídicos, implica que el Estado se pone en el medio de dos partes con el propósito de proteger a la más débil. Por lo tanto, no contemplar esa posibilidad, representa aceptar que una gran compañía biotecnológica está en igualdad de condiciones con un productor agropecuario, algo que implicaría, en relaciones de poder, retroceder hasta situaciones presentes a comienzos del siglo pasado», comentó.
«Nosotros entendemos que, si un proveedor de tecnología licencia el uso de una patente a una empresa semillera, el cobro de la misma debe circunscribirse entre ambos sin incluir al productor en ese acuerdo», precisó Solmi.
«Se quiere vender que el nuevo anteproyecto es fruto de un consenso cuando no existe tal: FAA no avala esa iniciativa. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto (de Ley de Semillas) y estamos trabajando con CRA para llegar a un proyecto acordado entre ambas entidades», añadió.
El marco jurídico en el nuevo anteproyecto oficialista permitiría la posibilidad de establecer acuerdos privados para, por ejemplo, cobrar un canon luego de la cosecha, en función de rinde obtenido, como retribución por el uso de un evento biotecnológico (tal como promueve, por ejemplo, Monsanto con el evento Intacta).
El esquema legal contenido en el nuevo anteproyecto oficialista contempla, de esa manera, la continuidad del sistema Bolsatech, por medio del cual los laboratorios de las Bolsas de Cereales -con el aval oficial del Instituto Nacional de Semillas- analizan la mercadería para detectar el evento RR2 PRO de Monsanto («Intacta») o bien cualquier otro evento que en el futuro se incorpore a dicho régimen.
Fuente: Agritotal
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