La semana pasada, más de 40 entidades de la agroindustria conformaron el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para consensuar un proyecto de ley que materialice una «Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal». El objetivo es ambicioso: alcanzar los U$S100.000 millones anuales de exportación (hoy de U$S65.000 millones) y generar 700.000 empleos adicionales.
La propuesta prevé crear un marco de estabilidad fiscal y financiera por diez años entre 2020 y 2030, con la formación de una Mesa Nacional Exportadora, con «herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros».
Especialistas analizaron el plan, sus fortalezas y amenazas. Concluyeron que es muy positivo que se enfoque en este tema, pero, como punto débil, ven que es complicado que haya vocación política para bajar la presión impositiva sobre el sector de forma general, aun cuando el plan asegure que tendrá «efectos fiscales neutros».
«Es una excelente iniciativa», considera David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). «La Argentina, sin duda, necesita hacer crecer sus exportaciones para generar dólares y empleo genuinos», señala Miazzo. El economista agrega que apoyarse sobre el tema de la exportación, donde él ve acuerdo a lo ancho del arco político, es un punto a favor para el mayor desafío que tendrá este plan: que el Gobierno acceda a otorgar beneficios fiscales en momentos donde las cuentas están tan ajustadas.
El plan dice que los beneficiarios del programa tendrían estabilidad fiscal durante diez años. «La clave es en qué nivel se va a dar esa estabilidad. Es bueno saber que no va a subir, pero hay determinadas actividades que no son viables con la presión fiscal actual», dice Teo Zorraquin, ingeniero agrónomo y socio gerente de la consultora Zorraquin + Meneses y Asociados.
«El sector agropecuario necesita una baja de presión impositiva, lo que sufre es agobiante», señala Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y exministro de Agroindustria.
«Es muy bueno que el sector privado se integre para hacer una propuesta, pero tengo serias dudas de que un gobierno con esa visión fiscal vaya a tomar un proyecto de este tipo», agrega.
Para Bernardo Piazzardi, profesor del MBA del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, lo importante es pensar líneas estratégicas, que solo pueden ser alcanzadas a partir de la determinación de un plan de trabajo, una metodología y un consenso entre los actores de la cadena de valor. Piazzardi nombra casos exitosos que siguieron este camino: la industria láctea de Nueva Zelanda, la industria forestal en Uruguay, incluso la industria de la carne en la Argentina.
«En principio hay algunos conflictos, pero es una cuestión de sentarse a consensuar con un método», asegura Piazzardi que, junto con Marcelo Paladino, participó de este proceso en la Mesa de las Carnes. Fue un camino largo y arduo, pero tuvo resultados contantes y sonantes, dice, «En los últimos cinco años, las exportaciones de carne bovina a nivel mundial aumentaron un 3%, las de Argentina, un 12%», afirma Piazzardi.
Los especialistas consultados coinciden en la dificultad de que se realicen modificaciones generales al sistema tributario en esta coyuntura tan delicada. «Los recursos públicos son necesarios y uno de los pocos sistemas productivos del país que los puede generar es el agro», explica Piazzardi.
Sin embargo, indica una posible manera de sortear eso buscando protección para proyectos particulares con pedidos concretos de condiciones impositivas y de financiamiento. «Este tipo de propuestas desde el agro son permeables al sistema político», dice. «El sistema no lo podemos cambiar. La cuestión es cómo presentamos estas margaritas en el chiquero, cómo le ponemos un paraguas a toda esta adversidad para que florezca un proyecto», ilustra Piazzardi.
Una pregunta que surge es por qué este sector tiene que ser favorecido. Marcos Gallacher, director del Departamento de Economía Agrícola de la Ucema, cree que es positivo que se ponga atención sobre la agroindustria, pero considera que los beneficios impositivos, la desgravación acelerada y los planes de fomento incluidos en el borrador del proyecto de ley son herramientas de eficacia cuestionable.
«Primero hay que resolver problemas que afectan a la economía en su conjunto: tipos de cambio diferenciales; un mercado laboral hiperregulado, sumamente litigioso e inflexible que afecta especialmente a la agroindustria y una macroeconomía devastada con un sistema financiero destruido y escasísimo acceso a créditos», explica.
«En promedio, el 20% de ese aumento de exportaciones -previstas en el plan- correspondería al complejo sojero, un 8% a carne bovina y un 4% a carne aviar. Son sectores que te generan estrategia de corto plazo por su volumen», dice Sebastián Senesi, ingeniero agrónomo y director de la Maestría en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
«Los dos tercios restantes corresponden a un sinfín de actividades -incluidos todos los negocios de base biológica y el conocimiento- que son dinamizadoras de las economías regionales e importantes desde el punto de vista de mano de obra y participación de pymes. El planteo es que haya impacto económico y social al mismo tiempo», agrega.
Senesi también destaca que el CAA haya buscado reunirse con políticos oficialistas y opositores, así como con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).
«Buscar apoyos políticos y empresariales no es menor», asegura Senesi. Hasta ahora, el Consejo ha tenido reuniones con los ministros de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Transporte, Mario Meoni, además de gobernadores que expresaron su apoyo.
David Miazzo, economista de FADA, cree que hay esperanzas: el plan de la agroindustria contempla medidas como un régimen de amortización acelerada y un programa de garantías financieras que fomentarían las inversiones, algo atractivo para el Gobierno.
Además, considera que los momentos de crisis son buenos para generar cambios y generar este tipo de propuestas.
En tanto, Marcos Gallacher, de la Ucema, ve con sospecha la creación de una «autoridad de aplicación» que sería la que decida las líneas que van a ser desarrolladas. «Esto resulta en una asignación discrecional de recursos, cuando lo que necesitamos son mecanismos impersonales, descentralizados y objetivos», dice.
El plan fomenta no solo la exportación de alimentos, sino también la de «biotecnologías, edición génica, tecnologías de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos». «Es un eje importante, pero no es el motor de este plan. Lo primero es fortalecer lo que somos», matiza Teo Zorraquin.
El diputado Ricardo Buryaile, por su parte, lo considera una buena idea. «Tenemos mucha tecnología en el sector agropecuario. Lo que nosotros tenemos que exportar es conocimiento. Eso es lo que te da valor agregado», comenta.
Fuente: La Nación
