El año legislativo en el Congreso transcurrió con un «temario con fuerte impronta ambiental», pero con «ausencia de proyectos que incentiven y aumenten la producción».
Esa es una de las conclusiones de un informe de la Fundación Barbechando, que sigue los temas legislativos en el Congreso.
«Con respecto a la agenda agropecuaria, este año hubo una alta presentación de iniciativas vinculadas al resguardo del medioambiente y la penalización por el mal uso de los recursos naturales. En la misma línea afloró una batería de proyectos para la protección de los humedales», dice el trabajo de la organización.
«Otros temas recurrentes fueron las iniciativas en pos de beneficiar a diferentes economías regionales, el etiquetado de alimentos, la declaración de emergencia y, en menor medida, para la promoción de programas de empleo. Asimismo la agenda del Congreso marcó el impulso de proyectos vinculados a la protección de bosques, la promoción de la pesca y a los regímenes especiales para pequeños productores», agregó.
Según Barbechando, en el vandalismo contra silobolsas oficialistas y opositores presentaron propuestas, aunque hasta el momento no avanzaron.
«Este año, el sector agropecuario no ha sido exceptuado de la activa agenda del Congreso Nacional: en su haber cuenta con algunos logros, pero a mitad de cuenta, porque se trata de leyes con media sanción, que esperan su tratamiento en la Cámara Revisora para lograr la sanción definitiva. Ejemplos de estos son la prórroga a la ley de biocombustibles, el etiquetado de alimentos y el aumento de mensualidades y un régimen jubilatorio especial para viñateros. La emergencia citrícola y la modificación del régimen federal de pesca fueron la excepción a la regla ya que, ambas, alcanzaron a convertirse en ley», indicó.
En tanto, hubo avances con dictámenes de comisión de algunas leyes que todavía no llegaron al recinto. La entidad mencionó la ley de humedales, la creación de un Observatorio de Agroquímicos, un fondo fiduciario para el INTA, el registro de fitosanitarios -incluido en sesiones extraordinarias-, un programa de agricultura familiar y economías regionales y la prórroga de la ley ovina.
Para Barbechando, el impuesto a la riqueza y las modificaciones a la ley de manejo del fuego son proyectos aprobados «con un fuerte impacto negativo» para el agro.
«La agenda del Congreso 2020 fue impuesta por el Poder Ejecutivo y la opinión pública», con «temario con fuerte impronta ambiental», indicó.
Hubo «ausencia de proyectos que incentiven y aumenten la producción», según Barbechando, que agregó: «Las promesas de una agenda conjunta entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Consejo Agroindustrial para el 2020 no estuvieron presentes en los proyectos tratados».
Fuente: La Nación
