La polémica por el reglamento que aprobó la Unión Europea en 2023 y que impone que la soja, la carne y otros productos que se exporten a ese destino tengan que provenir de áreas “libres de deforestación” volvió a renacer en las últimas semanas.
En 2024, fue uno de los grandes temas de debate dentro de las cadenas agroindustriales argentinas: esta normativa iba a empezar a aplicarse a partir del 1° de enero de este año, pero finalmente se prorrogó hasta la misma fecha de 2026 debido a la férrea oposición que ejercieron tanto Argentina como el resto de los países de Sudamérica que proveen de bienes a Europa.
En el caso de la soja, el gran escollo en este sentido es la necesidad de segregar los granos en origen, para que no se junten aquellos que estén certificados de haber sido producidos como libres de deforestación con los que no se cosecharon bajo ese paraguas.
Argentina ya tiene avanzado el desarrollo de una plataforma gratuita, denominada Visec, para cumplir con las prerrogativas que busca imponer Europa, pero la segregación sigue siendo un problema de una dificultad muy grande para resolver en el mediano plazo.
SOJA LIBRE DE DEFORESTACIÓN: EL DEBATE
Todo esto fue analizado en una reunión realizada a través de la plataforma del Instituto de Capacitación Agropecuaria (Incagro), y de la que participaron Viki Lövenberg, consejera de la Delegación de la UE en Argentina; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), y Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores, quienes fueron moderados por Raúl Dente, presidente del Incagro.
El objetivo del encuentro fue precisamente encontrar algunas respuestas a los grandes interrogantes que sigue habiendo entre productores y otros actores de la cadena agroindustrial en relación a cómo es el Reglamento 1115/2023, en qué consiste, cuáles son sus requisitos y qué obligaciones genera para el campo argentino.
En este marco, Lövenberg fue la encargada de presentar los fundamentos del reglamento y remarcó que la nueva medida no solo responde a una demanda ciudadana de mayor conciencia ambiental, sino también a la necesidad de actuar frente al calentamiento global. “Este reglamento es una muestra de coherencia con nuestros compromisos climáticos. El cambio climático es una realidad. Entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques en el mundo”, explicó la funcionaria.
También recordó que la norma se enmarca en el Pacto Verde y se aplica tanto a productos de origen europeo como importados.
En concreto, establece tres condiciones obligatorias:
- Estar libres de deforestación desde el 31 de diciembre de 2020
- Cumplir con la legislación del país productor
- Contar con una declaración de debida diligencia firmada por el operador europeo.
“Esto no es una prohibición. Se basa en definiciones internacionales, principalmente de la FAO”, aclaró Lovenberg.
En este marco, repasó que uno de los aspectos más novedosos es la exigencia de geolocalización de las parcelas de producción, lo que implica un nivel de trazabilidad más estricto. Aunque no se exige una herramienta específica, los operadores deben garantizar que no se mezclen productos de origen desconocido.
“Conociendo la realidad en Argentina, pienso que esto representa una oportunidad para el país para proveer productos más sostenibles”, agregó, destacando los avances logrados a través de la plataforma VISEC.
DEFORESTACIÓN: EL ROL DE VISEC
A su turno, Idígoras remarcó la importancia de contar con estrategias comerciales que contemplen las exigencias ambientales internacionales, más allá de los posicionamientos políticos de los diferentes bloques. Además, alertó sobre la urgencia de adecuar el trabajo operativo para cumplir con el reglamento. “El 1° de enero es pasado mañana. Falta muy poco tiempo para llegar”, enfatizó.
Siguiendo esta premisa, convocó a toda la cadena de valor a integrarse a la plataforma VISEC: una herramienta que asegura una trazabilidad confiable y verificable, garantizando que los productos no provienen de zonas deforestadas.
Esta trazabilidad se apoya en dos registros clave ya existentes: el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) y la Carta de Porte.
Con estos elementos, el sistema permite seguir el recorrido de los productos desde el establecimiento de origen hasta el puerto de salida.
Idígoras aseguró que el sistema es simple, voluntario y gratuito para productores, acopiadores y demás integrantes de la cadena, y está respaldado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que emite los certificados de cumplimiento de la normativa europea. Estos documentos aseguran que los productos exportados cumplen con los requisitos ambientales exigidos por la UE.
“Desde CIARA-CEC alentamos claramente a todos los actores de la cadena a que se sumen. Es una plataforma transparente, de libre acceso, donde los acopios, las cooperativas y los distintos eslabones pueden compartir su información”, enfatizó.
