La reforma de la Ley de Semillas volvió a ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria argentina. Lo que durante años se discutió principalmente en ámbitos técnicos vinculados al mejoramiento genético, la propiedad intelectual y la innovación tecnológica, hoy se trasladó a los espacios de decisión política, donde productores, entidades rurales, semilleros y legisladores buscan influir en una normativa que podría redefinir buena parte del esquema productivo nacional.
En este contexto, desde el norte argentino crece la preocupación por los posibles alcances de una nueva legislación. Así lo expresó Hugo Meloni, presidente de APRONOR (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), quien advirtió que la discusión ya no pasa solamente por cuestiones agronómicas, sino por el impacto económico y productivo que podría tener sobre miles de productores.
“Hoy la discusión dejó de ser técnica y pasó a ser claramente política”, señaló Meloni al analizar la evolución del debate durante los últimos meses. Según explicó, las entidades del norte vienen realizando un intenso trabajo de seguimiento y participación para evitar que se aprueben modificaciones que no contemplen las particularidades de las distintas regiones productivas del país.
Desde APRONOR sostienen que el principal punto de preocupación continúa siendo la defensa del derecho al uso propio de la semilla, una práctica históricamente reconocida por la legislación argentina y que forma parte de la dinámica habitual de numerosos sistemas productivos.
“Nosotros no estamos en contra de la innovación ni del mejoramiento genético. Todo lo contrario. Entendemos perfectamente la importancia de la investigación y el desarrollo de nuevas variedades. Lo que planteamos es que cualquier modificación debe contemplar la realidad productiva de quienes están todos los días trabajando en el campo”, explicó Meloni.
El dirigente recordó que el norte argentino presenta condiciones productivas muy diferentes a las de otras zonas agrícolas del país. Factores climáticos, distancias logísticas, costos operativos y riesgos asociados a la producción generan un escenario particular que, según considera, debe ser tenido en cuenta al momento de legislar.
“Muchas veces se pretende discutir una ley pensando únicamente en la realidad de la zona núcleo, pero Argentina es mucho más amplia. Lo que funciona en una región no necesariamente es aplicable en otra”, sostuvo.
Durante los últimos meses, distintas entidades rurales del NOA intensificaron reuniones con legisladores nacionales, representantes provinciales y funcionarios para transmitir estas preocupaciones. El objetivo es evitar que la discusión avance sin la participación activa de quienes finalmente deberán adaptarse a las nuevas reglas.
“Estamos trabajando para que los productores tengan voz en este proceso. No queremos enterarnos de una ley cuando ya esté aprobada. Queremos participar de la construcción de esa normativa”, afirmó Meloni.
Uno de los argumentos que más se repite entre los productores es el posible incremento de costos que podría generar una modificación en las condiciones vinculadas al uso de semillas fiscalizadas o al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual.
Según explican desde las entidades rurales, en un contexto donde la rentabilidad agrícola continúa ajustada por múltiples variables, cualquier aumento adicional puede afectar la competitividad de las explotaciones.
“Venimos de años muy complejos. Hemos atravesado sequías históricas, aumentos de costos, dificultades logísticas y una enorme presión económica. Por eso miramos con mucha atención cualquier medida que pueda significar un nuevo costo para el productor”, remarcó el presidente de APRONOR.
Sin embargo, Meloni también aclaró que la posición de los productores no implica desconocer el valor de la investigación privada y pública. Por el contrario, destacó que el desarrollo genético ha sido uno de los motores del crecimiento productivo argentino durante las últimas décadas.
“Reconocemos el enorme aporte que hizo la genética al crecimiento de la agricultura. Gracias a la investigación hoy tenemos variedades más productivas, más adaptadas y más eficientes. Lo que buscamos es encontrar un equilibrio razonable entre la protección de la innovación y la sustentabilidad económica del productor”, indicó.
En ese sentido, consideró que cualquier solución deberá surgir del consenso y del diálogo entre todos los actores involucrados. “Las leyes que perduran son las que nacen de acuerdos amplios. Cuando una norma se construye sin escuchar a todas las partes, generalmente termina generando conflictos posteriores”, afirmó.
Para el dirigente, uno de los riesgos actuales es que el debate se polarice entre posiciones extremas, dejando de lado los matices y las necesidades concretas de cada sector. Por eso insistió en la necesidad de abrir espacios de discusión donde participen productores, empresas semilleras, instituciones técnicas, universidades y representantes políticos.
“La agricultura argentina necesita reglas claras, previsibilidad y consenso. Nadie se beneficia con una ley que genere enfrentamientos permanentes”, sostuvo.
Mientras tanto, el tema continúa avanzando en distintos ámbitos institucionales y legislativos, aunque todavía sin definiciones concretas. En el norte argentino, la expectativa está puesta en que las futuras discusiones contemplen la diversidad productiva del país y permitan construir una normativa equilibrada.
“Lo que pedimos es simple: que nos escuchen”, resumió Meloni. “Los productores somos quienes aplicamos las tecnologías, quienes asumimos los riesgos y quienes sostenemos gran parte de la producción nacional. Por eso creemos que nuestra participación en este debate es indispensable”.
La discusión sobre la Ley de Semillas promete seguir ocupando un lugar destacado en la agenda agropecuaria durante los próximos meses. Y si algo quedó claro para los productores del NOA es que el resultado de ese debate no solo definirá aspectos técnicos vinculados a la genética o la propiedad intelectual, sino también buena parte de las condiciones económicas bajo las cuales se producirá en el campo argentino durante los próximos años.
