Después de un año de debate, el Senado otorgó media sanción al nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que reemplaza a la Ley 27.640 y propone cambios en los niveles de corte, la comercialización y la formación de precios. El proyecto fue aprobado en una sesión en la que se discutieron distintas posiciones durante el tratamiento en particular y ahora deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados, donde deberá pasar nuevamente por las comisiones antes de llegar al recinto.
Uno de los principales cambios previstos es el incremento del porcentaje obligatorio de biocombustibles en los combustibles fósiles. El corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol en las naftas subiría del 12% al 15%, al año de sancionada la ley. En el caso del bioetanol, se mantendría un 6% correspondiente a la producción de caña de azúcar y otro 6% al maíz, mientras que el 3% restante quedaría destinado al libre mercado.
El proyecto también establece límites a la participación de las empresas en el mercado obligatorio. Ninguna elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado dentro del corte obligatorio. Para el biodiesel, el límite por empresa y por grupo económico dentro del segmento de compañías no integradas también se fija en el 20%. A su vez, se incorpora un sistema de comercialización regional que contempla un diferencial del 20% según distancia, con el objetivo de compensar los mayores costos de transporte que enfrentan las plantas ubicadas más lejos de los centros de consumo.
Otro de los cambios relevantes es la creación de un mercado electrónico de subastas, único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. El mecanismo reemplazaría el actual sistema de precios máximos establecidos por la Secretaría de Energía y avanzaría hacia precios de referencia calculados sobre la paridad de importación. El texto también incorpora el coprocesamiento, que permitiría a los mezcladores que además sean refinadores incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil. Ese volumen no computaría dentro del corte obligatorio de biodiesel, aunque tendría acceso a determinados beneficios impositivos hasta un máximo del 5% de la mezcla.
El biodiesel, uno de los ejes del debate
El biodiesel fue uno de los puntos que concentró mayor discusión durante el tratamiento en particular. La controversia estuvo vinculada especialmente con las provincias donde se encuentran las plantas no integradas, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. El incremento del corte obligatorio al 10% reúne consenso dentro de la discusión planteada en el texto, mientras que el debate se concentra en cómo se distribuirá ese volumen entre las empresas no integradas y el segmento de libre negociación.
El proyecto establece una transición mediante la cual la porción reservada a las empresas no integradas se reduciría progresivamente hasta alcanzar un 4% en 2036, mientras aumentaría la participación del mercado total negociado.
El esquema actual, establecido por la Ley 27.640 desde 2021, contempla un corte obligatorio de 7,5% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas, con el bioetanol distribuido en partes iguales entre maíz y caña de azúcar. Actualmente, el biodiesel destinado al mercado interno es abastecido exclusivamente por 25 empresas no integradas, mientras que las seis aceiteras integradas producen biodiesel principalmente para exportación y no participan del mercado interno. En bioetanol, el 6% correspondiente al maíz es producido por seis plantas ubicadas en Córdoba, Santa Fe y San Luis, mientras que el otro 6% proviene de ingenios azucareros del NOA.
Respaldo de las cadenas de bioetanol
Tras la votación, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz expresaron su respaldo a la media sanción y destacaron el potencial de la iniciativa para impulsar el agregado de valor en origen, la transición energética y el desarrollo federal.
Las entidades señalaron que el aumento progresivo del corte obligatorio de bioetanol hasta el 15% podría brindar previsibilidad y generar un horizonte de largo plazo para nuevas inversiones. También destacaron la posibilidad de desarrollar un mercado abierto por encima del corte obligatorio y la incorporación de vehículos con tecnología flex fuel.
Las entidades vinculadas al bioetanol también remarcaron el rol que podrían asumir las provincias mediante programas propios de fomento, mayores niveles de utilización y nuevos puntos de expendio. En su interpretación, el desarrollo del bioetanol de maíz y de caña permitiría transformar materias primas nacionales en energía de menor intensidad de carbono y profundizar la industrialización en las economías regionales. En ese sentido, plantearon que el proyecto representa una oportunidad para consolidar una política energética con mayor participación provincial y capacidad de generar demanda adicional.
El CAA estima inversiones por más de US$ 1.000 millones
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) también celebraron la aprobación en el Senado. Según el CAA, la previsibilidad normativa podría impulsar las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar y, de acuerdo con estimaciones del sector citadas en el comunicado, la implementación plena del nuevo régimen podría movilizar inversiones privadas superiores a US$ 1.000 millones destinadas a ampliar capacidad instalada, incorporar tecnología, mejorar infraestructura logística y desarrollar energías limpias.
Para el CAA, el nuevo marco también podría contribuir a la generación de empleo y al ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones de combustibles fósiles. Su presidente, Gustavo Idígoras, vinculó la iniciativa con objetivos de federalismo, reducción de la huella de carbono, mejora de la calidad de los biocombustibles y competitividad para los consumidores. CIARA, por su parte, destacó que el impulso a la libre competencia podría favorecer a los consumidores y facilitar la planificación de futuras inversiones.
Ahora la discusión se traslada a Diputados
La media sanción marca el primer paso de una reforma que, de convertirse en ley, modificaría de manera sustancial el esquema vigente desde 2021. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde volverá a atravesar el debate en comisiones antes de una eventual llegada al recinto. Entre los aspectos centrales que quedan por definir se encuentran la implementación del nuevo mercado electrónico, los mecanismos de formación de precios, la transición prevista para el biodiesel y el aumento de los cortes obligatorios.
El sector agroindustrial considera que la nueva regulación podría otorgar previsibilidad para inversiones de largo plazo, mientras que el debate legislativo deberá determinar el alcance definitivo de las reglas que regirán la actividad.
Si el proyecto completa su tratamiento parlamentario, el nuevo régimen prevé comenzar a operar en 2027, con mayores porcentajes de biocombustibles en los surtidores y un esquema de comercialización diferente al vigente. El próximo capítulo de la discusión, por lo tanto, estará en Diputados.
