En esta semana la producción agropecuaria espera una respuesta del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable a su pedido de reconsideración de la resolución 19-18, del 24 de enero, y que se reanuden los desarrollos agropecuarios en 32 fincas ubicadas en Rivadavia, San Martín, Anta, Gemes y otros departamentos del sur provincial.
Por: Francisco Sotelo para El Tribuno
A favor, la gente del campo tiene argumentos en abundancia. El primero, el Plan Belgrano: hace dos semanas, en Catamarca, el presidente Mauricio Macri reivindicó el programa hoy puesto en duda y destacó que «las acciones que está llevando a cabo el Gobierno nacional apuntan a que el Norte sea la región que más dinámica de crecimiento tenga, y ya se está dando porque hay mayor crecimiento que en la mayoría del resto del país, no solo por las obras, sino porque estamos apuntando al desarrollo productivo de la provincias», apuntó.
Desde el punto de vista enunciativo, queda claro que Macri no avalaría jamás una resolución de su gabinete que ordenara a una provincia a suspender las actividades en 32 fincas, a replantar el monte nativo y a desarticular los proyectos de desarrollo. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente de Macri, Sergio Bergman, interpreta en otra sintonía las palabras del Presidente.
«Argentina suscribió al acuerdo de París, tenemos un gabinete nacional de cambio climático, tenemos tres planes validados sobre transporte, energía y bosques, y está muy claro que tenemos que utilizar los estándares internacionales del desarrollo sustentable», dijo esta semana.
La mención de Bergman remite a otra declaración de Macri, el domingo anterior, donde, a modo de balance luego de haber participado en la conferencia de Davos y de reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó que «el compromiso de Argentina contra el cambio climático» es una de las garantías de previsibilidad que ofrece el país al primer mundo.
Quizá por eso Bergman reivindica lo actuado en la materia de Romina Piccolotti en adelante, incluida una ley de bosques gestada por el diputado kirchnerista Miguel Bonasso y por el ingeniero Juan Carlos Villalonga, que se hizo conocido en Salta como jefe de campaña de bosques de Greenpeace. Hoy Villalonga es diputado nacional por el PRO porteño.
La presencia de Greenpeace esta vez también fue decisiva. Ellos se ensañaron con la finca Cuchuy, de un pariente del jefe de Gabinete, Marcos Peña. «La ley es pareja y se cumple para todos», sentenciaron Bergman y su vice Diego Moreno.
Quizá haya que entrar en minucias y sutilezas, pero la cantidad de pasturas desarrolladas en la última década en los territorios de Formosa, Chaco y Santiago del Estero confirman una tesis sólida: en esas provincias el ordenamiento territorial fue realizado por técnicos cuyo criterio fue preservar lo imprescindible y señalar con amarillo los lotes que merecieran una categorización predial. En Salta estuvo cargo de antropólogos, dirigidos por activistas ambientales que alteraron el sentido de la ley de bosques, privilegiando la restauración del «hábitat precolombino » y satanizando el desarrollo agroganadero.
De ahí que el secretario Moreno haya dicho a El Tribuno que «ustedes tienen 1.300.000 hectáreas en verde aptas para la producción», sin responder a la pregunta sobre «¿qué vamos a hacer con los cinco millones de hectáreas en amarillo?». A esto no hay respuesta.
Claro que de Julio Nasser, el secretario de Ambiente propuesto por la UNSa a la actual ministra Paula Bibini, hay un universo conceptual de diferencia. Urtubey se mostró siempre muy permeable a los agravios de Greenpeace, pero al mismo tiempo hace un año y medio anunció a la presidenta de Suiza, Doris Leuthard, que en Salta «hay tres millones de hectáreas para incorporar a la producción». Leuthard lo miró con asombro: la superficie de su país, completo, es de 4,1 millones de hectáreas.
Y la cifra no es accidental: los cinco millones de hectáreas pintados de amarillo, una vez incorporados a la producción deberán preservar dos millones para la restauración del monte nativo. Es lo que ordena la legislación salteña.
La decisión del Gobierno salteño ante el planteo de reconsideración de la Rural y el posterior dictamen de la Justicia salteña, que es la única con jurisdicción para esos temas, serán determinantes.
Contrariamente a lo que afirmó el presidente (citado más arriba), las informaciones regionalizadas de crecimiento indican que la reactivación en la región central del país fue del 4,1% mientras que en el NOA y el NEA, destinatarios del Plan Belgrano, no superó el 2,6%.
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