CÓRDOBA.- Los cortocircuitos en la relación entre productores de biocombustibles y el gobierno nacional vienen hace meses. La clave es la falta de actualización de los precios conforme a la fórmula establecida por ley. Por eso, hay 30 plantas del país paradas y ayer la cámara que nuclea a las pymes de biodiésel emplazó al secretario de Energía, Darío Martínez, a publicar en 48 horas los valores conforme a la normativa. Caso contrario, sus empresas avisaron en cartas documento que irán a la Justicia.
Desde fines de septiembre las seis cámaras que reúnen a empresas productoras de biocombustibles vienen reclamando por la actualización de precios porque la situación es «insostenible». En septiembre directamente solicitaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, que descongelara los precios para la actividad. No se usa la fórmula desde hace un año.
A mediados de octubre, el gobierno fijó el nuevo precio para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz: se estableció en $32,789 por litro. Además, quedó en $48.533 por tonelada el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil. Los productores calificaron el alza del 10% como «insuficiente». El incremento no respondió a la fórmula que daba alrededor de 30%.
Las cartas documento enviadas ayer por firmas de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) intiman a Energía a «garantizar» el cumplimiento de la ley, lo que consideran «imprescindible para la continuidad» del sector. Ratifican que están en juego 10.000 empleos.
Los productores exigen «en el plazo perentorio e improrrogable de 48 horas la publicación del precio de venta para la tonelada de biodiésel en un todo de acuerdo» con lo dispuesto por la ley. Aclaran que la norma «exige que los valores de éste deberán ser suficientes para satisfacer todos los costos operativos y razonables aplicables a la producción, impuestos y amortizaciones, y una rentabilidad razonable».
Las empresas sostienen que el incumplimiento de establecer un precio «razonable», además de violar las normas existente, «tornó financiera y económicamente inviable la continuidad» de las 30 empresas que integran la cámara, «llevándolas a la suspensión de actividades y a situación de quebranto y crisis terminal» por causas que imputan a la Secretaría de Energía.
En una de las cartas documento se advierte que de «persistir» el incumplimiento las empresas «se verán en la obligación de iniciar acción judiciales». Ya la semana pasada, en presentaciones de la Cepreb, la Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) pidieron la actualización. No tuvieron respuesta.
Fuente: La Nación
