La comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados volverá a tratar el proyecto de ley de biocombustibles. En este sentido, el miércoles 28 de octubre se llevará a cabo una reunión conjunta con las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería.
En este encuentro, hay expectativas de lograr un dictamen sobre el proyecto que propuso el oficialismo y cuenta con media sanción del Senado. El mismo busca subir los cortes al 10 % para el biodiésel y del 15 % para el bioetanol. Al mismo tiempo, propone una mayor libertad en el mercado y la participación de las empresas integradas.
Las comisiones analizarán la posibilidad de avanzar hacia la firma del dictamen tras escuchar a los actores productivos. Luego, en caso de dictamen, la discusión deberá pasar al recinto donde se definirá la aprobación definitiva.
Sin embargo, hay actores de la cadena que no están de acuerdo. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) cuestionó duramente la iniciativa aprobada en el Senado.
“No es una Ley de consenso, es una ley contra las pymes”, dijo la entidad. Al respecto, Cepreb precisó que Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis producen el 65 % del biodiésel del mercado interno y que los gobernadores Axel Kicillof, Sergio Ziliotto y Claudio Poggi rechazan el texto.
La ley de biocombustibles propone un aumento obligatorio en las mezclas. En biodiésel, la norma fijó un corte inicial del 7,5% en el volumen final del gasoil comercializado, elevándolo al 10 % a los 12 meses de sancionada la ley.
Para las naftas, el texto dispuso un corte mínimo del 12 % de bioetanol, el cual ascenderá al 15 % tras el primer año de vigencia. Además, la iniciativa reservó un 6 % del cupo para la caña de azúcar y otro 6 % para el elaborado a base de maíz. Por su parte, la senadora Patricia Bullrich defendió el esquema al asegurar que se busca más jugadores y más competencia”.
Al mismo tiempo, el proyecto reguló un sistema de subastas en un mercado electrónico único para la venta de combustibles. Frente a las críticas planteadas por la oposición al advertir que sin cambios se perjudicará a las economías regionales, el oficialismo defendió el plazo de transición.
