La medida apunta a actualizar y unificar los criterios de supervisión y certificación de los tratamientos fitosanitarios que se realizan en el marco del comercio internacional, con el objetivo de prevenir la introducción y dispersión de plagas cuarentenarias.
El procedimiento comprende los tratamientos vinculados con el cumplimiento de los Requisitos Fitosanitarios de Importación (RFI), las exigencias establecidas por el propio SENASA, los protocolos acordados con países compradores y también aquellos solicitados por los exportadores.
La resolución tiene alcance nacional y se aplica a los tratamientos realizados sobre artículos reglamentados en el comercio internacional, con exclusión de frutas y hortalizas, cuando su finalidad sea controlar plagas reglamentadas bajo competencia del organismo.
Un aspecto central de la disposición es que considera oficiales aquellos tratamientos solicitados formalmente al SENASA por exportadores, importadores o sus representantes, ejecutados conforme al procedimiento aprobado y que utilicen productos fumigantes clasificados en las categorías toxicológicas Ia (extremadamente peligrosos) o Ib (altamente peligrosos), identificados con banda roja.
Mayores exigencias para las empresas fumigadoras
La nueva normativa establece una serie de obligaciones para las empresas responsables de ejecutar los tratamientos. Entre ellas, deberán presentar ante el inspector del SENASA la nómina del personal involucrado, incluyendo al director técnico y los operadores, además de identificar el producto que utilizarán, acreditar su registro y vigencia y detallar el cálculo de la dosis correspondiente.
También deberán garantizar que las unidades de tratamiento –contenedores, bodegas, silos o espacios acondicionados– cumplan con las condiciones de hermeticidad y seguridad necesarias para evitar fugas del gas fumigante.
Otro requisito es contar con equipos detectores de fugas y dispositivos de medición calibrados, cuya aprobación deberá provenir del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o de laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA). La calibración no podrá tener una antigüedad superior a un año.
Las empresas también deberán capacitar al personal involucrado, proporcionar los elementos de protección correspondientes y mantener registros de cada aplicación, con información sobre fechas, horarios, dosis y controles realizados.
El rol de los inspectores y los tiempos de exposición
La resolución refuerza las responsabilidades del personal del SENASA durante las distintas etapas del tratamiento. Antes de comenzar, el inspector fitosanitario deberá concurrir al lugar donde se realizará la fumigación y verificar que se cumplan las condiciones establecidas. Durante la aplicación, tendrá que controlar el uso correcto del producto, la dosis utilizada y el funcionamiento de los equipos de medición.
Una vez finalizado el procedimiento, deberá supervisar la señalización y el precintado de la unidad tratada, además de verificar que se respeten los tiempos de exposición establecidos.
En este sentido, cuando el tiempo de exposición se determine a partir de la receta agronómica o del marbete del producto, no podrá ser inferior a 48 horas.
La ventilación de los espacios tratados también será obligatoria, salvo en los tratamientos autorizados en tránsito. Deberá continuar hasta que las mediciones confirmen que la concentración del fumigante se encuentra por debajo de los límites de exposición establecidos.
Durante la aplicación, tendrá que controlar el uso correcto del producto, la dosis utilizada y el funcionamiento de los equipos de medición.
Qué productos se pueden utilizar y qué prácticas quedan prohibidas
La normativa determina que solamente podrán utilizarse fumigantes autorizados por el SENASA e inscriptos en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios.
En el caso del bromuro de metilo, su utilización queda restringida a tratamientos cuarentenarios exigidos expresamente por un país importador para un producto y una plaga determinados. Además, se prohíbe utilizar principios activos incluidos en el listado de productos fitosanitarios prohibidos por el organismo sanitario.
Uno de los puntos que la resolución vuelve a establecer es la prohibición de aplicar plaguicidas fumigantes sobre granos, cereales, oleaginosas y sus productos durante la carga en camiones o vagones y durante el transporte terrestre.
La norma contempla, sin embargo, una excepción para contenedores herméticos destinados a exportación, siempre que estén consolidados y precintados oficialmente por la Dirección General de Aduanas, en sitios habilitados y con intervención del SENASA.
También se establece que la fumigación de transportes terrestres en tránsito hacia países vecinos no podrá realizarse sin la ventilación previa en el lugar del tratamiento.
Fumigaciones en buques y exportaciones
La Resolución 955/2026 contempla la posibilidad de realizar tratamientos de fumigación en buques durante la travesía entre el puerto de salida y el destino final, cuando respondan a exigencias fitosanitarias del país importador, protocolos acordados o pedidos preventivos de los exportadores.
Para estos casos, establece condiciones específicas de seguridad, identificación de las unidades fumigadas y comunicación a la tripulación.
En las bodegas destinadas al transporte de granos y subproductos, solamente se autoriza el uso de fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio. El bromuro de metilo queda expresamente prohibido para fumigaciones en bodegas de buques.
Finalmente, el SENASA deberá emitir el Certificado de Tratamiento Fitosanitario Oficial (CTFO) cuando se hayan cumplido los requisitos normativos y de seguridad y se hayan utilizado productos registrados y autorizados.
La resolución también habilita al organismo a celebrar convenios con entidades públicas, privadas, académicas y colegios profesionales para mejorar la implementación y supervisión de estos procedimientos.
La nueva disposición busca establecer un marco uniforme para las fumigaciones oficiales vinculadas al comercio internacional, con mayores exigencias de trazabilidad, seguridad operativa y control sobre los productos utilizados y las condiciones de aplicación.













