El canciller Santiago Cafiero reclamó ante la Unión Europea (UE) por los problemas que podría generar a la Argentina un cambio de regulaciones sobre el biodiésel que analiza el bloque para privilegiar las materias libres de deforestación.
Cafiero, en una reunión con la comisaria de Energía, Kadri Simson, destacó que el país es un “proveedor confiable” de biodiésel de soja, que mantuvo los envíos durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. El año pasado se exportaron 1,2 millones de toneladas por US$ 1850 millones.
La preocupación deriva de la iniciativa para modificar el umbral de Cambio de Uso Indirecto de Tierra (ILUC) que fue fijado en el 10% en 2019 y por el cual el biodiésel de soja (ubicado en 8%) no califica como de alto riesgo de ILUC. Ese límite se llevaría a 7,9%.
Cafiero solicitó que no se discrimine al biodiésel de soja que está certificado conforme a los requisitos europeos, es decir, libre de zonas que fueron deforestadas sin los permisos correspondientes.
Las iniciativas argentinas como Carbono Neutro buscan reorientar la producción argentina de commodities hacia un futuro más sustentable. Los productores argentinos de biodiésel aseguran que están bien posicionados para enfrentar el desafío de estas nuevas regulaciones y deben tener en cuenta las herramientas que necesitan para mantener el acceso al mercado europeo, explicaron en la industria.
Distintas fuentes del sector consultadas por la prensa señalaron que ahora la UE apunta a limitar el ingreso de biodiésel de soja cuyos proveedores son Brasil, la Argentina y China, una decisión que ya aplican al bio en base a palma, cuyos principales orígenes son Indonesia y Malasia.
“La solución debe venir por el lado de los controles de las autoridades argentinas, es el Estado el que tiene el poder de policía y debe ejercerlo”, planteó un productor a la prensa.
Otra discusión para cumplir con los “objetivos verdes” en la UE está abierta porque China fue ganando mercado con el biocombustible “certificado” sobre la base de aceite usado, pero se encendieron las alarmas cuando, en plena pandemia, con restaurantes cerrados, sus operaciones siguieron aumentando.
Por otra parte, en 2019 la Comisión Europea cerró un acuerdo con exportadores argentinos por el que impone derechos compensatorios definitivos para el cupo de 1,2 millones de toneladas que se comercializa a un precio mínimo. Por esa medida los aranceles van del 25% al 33,4% para el biodiésel argentino, al considerar que el producto recibe subsidios en Argentina lo que perjudica a la industria europea del combustible verde.
Las empresas que en ese año acordaron el valor mínimo son Aceitera General Deheza (AGD), Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y COFCO International Argentina; son las mismas que eran investigadas por presuntos subsidios.
Precios
Hoy por hoy, en función a los productores que trabajan para el mercado interno, lo que más les preocupa es el precio porque con la instrumentación del “dólar soja” se “descalabró” toda la cadena y aseguran que trabajaron con “márgenes negativos”. El efecto de la medida instrumentada para sumar reservas, explican, se extendió “más allá” de septiembre y diciembre, los meses en que rigió.
Los productores mencionan que, por ese impacto, cayeron las ventas de biodiésel porque los números no acompañan. “Si por un lado suben el corte y, por el otro, complican la rentabilidad, la industria se complica”, resumen.
Sobre el corte, en su discurso de apertura del año legislativo en Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti, insistió en que debe ser más alto, alcanzar el 20% y permitir fabricar autos que puedan usar biocombustibles.
Tampoco los que fabrican bioetanol de caña de azúcar y de maíz están conformes con la suba de 4,77% que autorizó la Secretaría de Energía hace una semana; advierten que habían mantenido conversaciones con Economía para que el incremento fuera del 9%. (la nación)
