Aseguran que la entidad insiste con asumir funciones de monitoreo y regulación que no le competen y que no coinciden con los datos aportados por FAO.
POR: Francisco Sotelo para El Tribuno
Sin seguridad jurídica, política e institucional (complementarias e inseparables) no hay desarrollo.
Salta, una provincia con enormes posibilidades de desarrollo, necesita construir un sistema de garantías para la inversión, el empleo y el salario en blanco.
El enunciado no tiene nada de novedoso: es el trayecto que han seguido en el mundo todos los países desarrollados.
Entre las condiciones para generar seguridad se incluye que los organismos de contralor estén habilitados institucionalmente y que cumplan con requisitos elementales de conocimiento técnico e idoneidad moral. La organización Greenpeace pretende hacerlo en Salta, aunque carece de todas esas condiciones.
Los «inspectores»
Greenpeace volvió ayer a denunciar desmontes supuestamente ilegales en el Chaco semiárido salteño. Acusó a tres empresarios, de los 32 que fueron autorizados por el gobierno provincial para efectuar adecuaciones de las tierras para diversas actividades rurales.
El activista Hernán Giardini divulgó un correo electrónico donde asegura que «siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del Gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras».
La resolución del ministro Sergio Bergman no ordenaba nada porque carece de facultades para hacerlo. Y la del ministerio salteño está en proceso de reconsideración. No obstante, Giardino lanza una conjetura jurídica. «Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal», sostiene. Y asume de paso pretensiones de facultades ejecutivas. «Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes. El Gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques», añade el texto. Es decir, desconoce la naturaleza federal de la Constitución argentina y pretende usurpar roles de auditoría. No explica, eso sí, quién paga los supuestos vuelos que asegura haber realizado.
La FAO opina distinto
Sería saludable que los seguidores de Greenpeace leyeran el documento emitido en 2002 por la FAO, «Captura de carbono en los suelos», basado en el trabajo de Michel Robert, del Instituto national de recherche agronomique, de París. «Tierras de pastoreo: un gran potencial como sumidero de carbono. Las tierras de pastoreo están incluidas en el Artículo 3.4 del protocolo de Kyoto y, como los bosques, juegan un papel importante en el secuestro de carbono…. El carbono del suelo en las tierras de pastoreo es estimado en 70 t/ha, cifra similar a las cantidades almacenadas en los suelos forestales». Este texto aplicado a las zonas amarillas del ordenamiento territorial de Salta desbarata las argumentaciones de Greenpeace: allí se está avanzando sobre un monte degradado, para reemplazarlo parcialmente por pasturas, respetando las normativas de la provincia que regulan con cortinas forestales y resguardo de escorrantías. «Muchas áreas de tierras de pastoreo en las zonas tropicales y áridas son mal manejadas y están degradadas», añade la FAO. «Los suelos agrícolas están entre los mayores depósitos de carbono del planeta y tienen potencial para expandir el secuestro de carbono».
Zapatero, a tus zapatos
Probablemente, los jefes de Giardini conozcan estos textos y también que ni Greenpeace ni el ministro Bergman tienen atribuciones para monitorear la situación forestal de Salta, y mucho menos en base a sobrevuelos e imágenes satelitales tomadas e interpretadas por personas no autorizadas, como es el caso del firmante de la denuncia.
La seguridad jurídica como condición para el desarrollo es una necesidad de Salta. Y Greenpeace, por filosofía y por conveniencia, se opone al desarrollo, porque lo considera nocivo para la fauna.
- Última
- Tendencias
