En medio de una jornada cargada de tensión desde lo político por la crisis en el área de Salud, el Sábado el titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, anunció cambios en su gabinete, tras la renuncia del Secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, y el desplazamiento del Director de Control Comercial Agropecuario, Marcelo Rossi.
Por decisión del ministro Basterra, Jorge Solmi, un ex dirigente de la Federación Agraria Argentina, agrupación que en 2008 integró la Mesa de Enlace que enfrentó al kirchnerismo por la famosa “Resolución 125″ -retenciones móviles a la soja, el trigo, el maíz y el girasol- y le produjo la primera derrota política, asumirá como Secretario de Agricultura. Con anterioridad, Solmi ocupó una banca de diputado provincial por la provincia de Buenos Aires en representación del Frente Renovador de Sergio Massa. El flamante funcionario de Agricultura se desempeñaba hasta ahora como Director del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).
La designación de Solmi representa una doble señal: un acercamiento hacia el sector agrario a través de la integración de un histórico de Federación Agraria, la organización de la Mesa de Enlace con la que el gobierno se siente a priori más a gusto, por historia y afinidades políticas, y una mayor participación del massismo en la formulación y aplicación de las políticas oficiales hacia un sector clave de la economía y mayor proveedor de divisas de la Argentina.
Oriundo de Pergamino, en el corazón de la Pampa Húmeda, Solmi tiene un perfil de negociador nato; es abogado y acredita dos Masters en su CV. Se sumó al Frente Renovador en 2012, el año previo al que Massa derrotara al kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2013 y diera definitivamente por tierra con el proyecto de re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, Luciano Zarich, que ocupará el cargo de Rossi, es Contador Público, oriundo del distrito cordobés de Arias, y fue el año pasado designado por Alberto Fernández como sub interventor de la agroexportadora Vicentin, en el intento del Gobierno de intervenir y expropiar la compañía del norte de Santa Fe. Además, ya había desempeñado gestiones como Director Nacional de Matriculación y Fiscalización en la cartera agropecuaria.
Rossi, es un técnico de origen radical que tiene un elevado prestigio en el mundo de la comercialización agropecuaria. Había sido el primer funcionario que resistió los controles del ex Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en 2007 y por eso fue nuevamente convocado en 2016, en momentos que Ricardo Buryaile estaba al frente del ministerio de Agroindustria, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Sobrevivió un año más en ese cargo en la gestión de Alberto Fernández.
El ex funcionario en las últimas semanas, por pedido del Banco Central, le quitó la matrícula a la ex cerealera Díaz & Forti, que operaba a façon las plantas de Vicentin en los puertos del Gran Rosario. La justicia le dio la razón a Marcelo Rossi, en la causa donde se acusó a la empresa de no liquidar divisas cerca de 400 millones de dólares.
Ambos cambios en el gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se hicieron efectivos este sábado a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 121/2021 y de la Decisión Administrativa 111/2021.
Los cambios en el ministerio tienen lugar en momentos de cruces entre entre el Gobierno y el campo por el aumento del precio de los alimentos. Una cuestión que derivó en una reunión la semana pasa entre Alberto Fernández y la Mesa de Enlace, donde el presidente se comprometió a no subir las retenciones ni intervenir en los mercados, como sucedió semanas atrás cuando el ministerio de Agricultura anunció el cierre de las exportaciones de maíz. Una medida que dejó sin efecto, luego de corroborar que había maíz para abastecer el mercado interno hasta que ingresara la nueva cosecha del cereal.
Esta semana las entidades del campo salieron con diferentes campañas de comunicación a asegurar que los productores no son formadores de precios y que hay una alta incidencia de los impuestos en el precio final de los alimentos. Una situación que afecta a las cadenas de comercialización, especialmente a los productores de economías regionales, que en muchos casos no llegan a cobrar el 10% del valor en góndola, como lo reflejó un informe que presentó en las últimas horas la Federación Agraria Argentina.
A todo esto se suma lo sucedido en los últimos días con las críticas que surgieron a la Mesa de Enlace desde un sector de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que apoyan al Frente de Todos y a lo que se sumó el nuevo secretario general del gremio Uatre, el chaqueño José Voytenco, que pretende excluir del directorio del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales (RENATRE) a los representantes de las cuatro entidades de productores agropecuarios.
Fuente: Infobae
