Luego de que el Gobierno prorrogara el cepo a la exportación de carne vacuna, ayer se conocieron más de 150 despidos en la industria frigorífica de Santa Fe, según señaló Daniel Roa, titular del Sindicato de la Carne en esa provincia.
Santa Fe es responsable del 40% de los embarques de carne vacuna y hay unos 10.000 empleados vinculados con la actividad. Tras conocerse la continuidad de la restricción a la exportación, desde el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) habían alertado: “La prolongación de las limitaciones impactará sobre los puestos de trabajo, el nivel de remuneraciones de los trabajadores, el capital de trabajo y la capacidad de compra, con consecuencias sobre el mercado ganadero y toda la cadena en su conjunto, incluido el sector de la industria frigorífica que atiende al mercado local”.
En rigor, los empleados de los frigoríficos están muy preocupados por su fuente laboral y temen volver a vivir lo mismo que ocurrió desde 2006, cuando el kirchnerismo llevó adelante una política de intervención en el mercado de la carne que hizo perder miles de empleos.
El titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe señaló que, a la espera de una apertura de las exportaciones, habían llegado a un acuerdo con los empresarios frigoríficos para que se mantenga el empleo a pesar de la merma de la faena. La situación no se pudo sostener.
“El convenio venció el 31 de agosto, día que pensábamos que el Gobierno iba a abrir las ventas al exterior de carne vacuna. Hoy ya tenemos 150 despidos formalizados, con trabajadores que ya no pudieron ingresar a las plantas. Si no se levanta la medida, esta lista irá creciendo día a día, por dos meses. Los frigoríficos nos explican que tienen que desarmar turnos porque sus cámaras están repletas de carne y no tienen manera de seguir almacenando. Los turnos que estaban suspendidos hasta ayer ahora ya no existen”, dijo. Según precisó, este panorama con respecto a la pérdida de empleos se dio en varios frigoríficos de la provincia.
Para Roa, el Gobierno insistió en una medida desacertada. “Nos decían que anunciábamos un mensaje apocalíptico pero a la larga la realidad nos dio la razón: no bajó la carne en el mercado interno ni tampoco hay más oferta de carne, cada vez se cierran más turnos de trabajo y se pierden empleos y se perdieron mercados internacionales”, remarcó.
“Plantearon un programa que fracasó. No solo se tiene que rever esta medida sino que deben dar un paso al costado los que firmaron esta resolución y que vengan funcionarios que propongan una política económica que genere fuentes de trabajo y productividad”, enfatizó.
En este contexto, señaló que, a modo de protesta, los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización, con asambleas permanentes a los costados de las rutas donde están las empresas.
Por su parte, Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (Fesitcara), expresó que la situación es “grave”. Si bien por ahora, según indicó, no hay despidos masivos, se empezó con una suerte de “goteo permanente”.
“Es una medida muy dañina la que prorrogó el Gobierno. La gente tiene incertidumbre por su fuente de trabajo y mucho malestar por el poder adquisitivo que está perdiendo su salario”, dijo.
“Contratos que no se renuevan, trabajadores que quedan cesantes, vacaciones anticipadas y una garantía horaria de 70 horas quincenales que no llega a 23.000 pesos. Se redujo el salario de los trabajadores cerca del 50%. El Gobierno no contempló la situación de los trabajadores y no cuidó la fuente de trabajo que tanto necesita el país”, añadió.
El titular del gremio, que tiene más de 20.000 afiliados, remarcó que el escenario se vuelve aun más severo en los pueblos del interior, donde, por ejemplo, una planta que tiene 400 empleados genera una importante actividad económica indirecta. “Lo que pasa en el interior es lapidario. No se tuvo en cuenta el difícil momento que atraviesa el país”, indicó.
La entidad nuclea a sindicatos de la ciudad de Buenos Aires; de Reconquista, Casilda, Nelson y General Obligado en la provincia de Santa Fe; de La Plata, Alejandro Korn, Salto, Junín, Mar del Plata y Coronel Vidal, en la provincia de Buenos Aires; de Concordia y Crespo, en Entre Ríos; y de Tucumán.
A mediados de julio pasado, el sindicato había iniciado una serie de asambleas en las distintas plantas del país para ver cuál era el humor de los trabajadores. Apuntaban a una movilización a la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Trabajo y cortes de rutas en diferentes puntos donde están ubicados los frigoríficos afectados. Si bien en esas asambleas los trabajadores dieron al Consejo Directivo potestad para ejecutar el plan de lucha cuando lo estimara conveniente, el sindicato prefirió esperar una señal del Gobierno y ser convocado a la mesa de diálogo, algo que nunca sucedió.
En un comunicado anterior, el gremio había alertado que no iba a permitir que se ponga en riesgo los puestos de trabajo y que sus “afiliados sufran reducciones salariales, quedando con sueldos por debajo de la línea de la pobreza”.
Describió que ya hubo amenazas de algunos frigoríficos que decían que iban a dejar de operar el 31 de agosto, pero que luego de gestiones gremiales se logró reencauzar la continuidad laboral.
“Alertamos y lamentamos la decisión que tomó el Gobierno, que nunca nos hizo ser parte de las conversaciones y negociaciones a nosotros que somos los más damnificados. En estos días vamos a tener reuniones en las distintas filiales para evaluar un plan de acción y medidas para llevar a cabo la protesta”, advirtió.
Fuente: La Nación