“La nueva ley de biocombustibles sancionada por el Congreso bajo el número 27.640, y en proceso de reglamentación, va en contra de las principales tendencias mundiales, por lo que es un mal negocio para el país”, opinó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), en una nota publicada en Avance Agroindustrial, revista de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).
Añadió que se trata de una mala ley, que delega en la autoridad de aplicación -la Secretaría de Energía de la Nación- una gran cantidad de facultades que puede ser ejercida discrecionalmente, y que reduce el contenido de biocombustibles en las mezclas con combustibles minerales, directamente para el biodiesel o potencialmente para el bioetanol de maíz.
“Esta nueva ley fue sancionada a las apuradas y poco se vincula con la existencia de un programa energético sustentable. Se gobierna por espasmos y pensando más en la próxima elección, a diferencia de lo que el país necesita: verdaderas políticas de Estado. Y así nos va. Por ejemplo, la inversión en términos de Producto Bruto Interno (PBI) llegó a los niveles históricos más bajos de entre todos los históricos conocidos”, puntualizó Molina.
Consideró que la estrategia oficialista fue poner contra las cuerdas al segmento de la industria nacional de biocombustibles que abastece al mercado interno, en atención a que el régimen vencía muy pronto. “Obtuvo así una minoría de adhesiones que le sirvieron para consolidar su propuesta,funcional a los intereses de los refinadores de petróleo a pesar de que el texto aprobado imposibilita a estos y también a los productores de crudo a producir biocombustibles”, explicó el especialista.
Recordó que la sanción de la ley ocurrió con muy bajo consenso legislativo, en comparación con el obtenido en 2006 para la anterior norma (N° 26.093), a la cual esta remplazó. Y subrayó que el contenido de la actual está lejos de ser superador de aquella.
“Difícilmente la nueva ley logre llegar hasta el fin de su vigencia (31 de diciembre de 2030) sin que se le introduzcan cambios importantes”, pronosticó.
Molina se mostró convencido de que, en algún momento, los actores que dentro de esta industria apoyaron la nueva ley van a renegar de haberlo hecho. “Tomemos en cuenta que ese apoyo hacia adentro de la industria no fue unánime, más allá de lo que parezca”, advirtió el especialista.
Remarcó que no se puede soslayar el hecho de que hay actores importantes dentro de esta industria que prefieren volcar sus esfuerzos al negocio del azúcar y que, por lo tanto, no tienen como prioridad lograr un aumento significativo, en términos relativos, de la demanda de bioetanol, hecho que es compatible con la propuesta incluida en la nueva ley.
