La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dio a conocer hoy la primera nómina de beneficiarios y la autorización de pagos en ayuda por más de $2.200 millones a productores y empresas avícolas que se vieron afectados por un brote de influenza aviar, comúnmente conocida como gripe aviar, que los obligó a sacrificar animales y destruir huevos en sus explotaciones.
Así, la cartera nacional, a través de la Resolución 270/2023 publicada en el Boletín Oficial, aprobó pagos por $2.204.320.600 en el marco del Programa de Asistencia Económica por la Emergencia Sanitaria – Influenza Aviar H5 y H7 a ocho empresas del sector aviar que, “al verse afectadas por la influenza, notificaron de manera inmediata a las autoridades la aparición de síntomas de Influenza Aviar (H5/H7)”, indicó en un comunicado Agricultura.
Los subsidios serán de entre $31 millones y $398 millones, dependiendo del beneficiario, según consta en el anexo de la disposición, la cual, además, procedió a la autorización del pago de la asistencia. Las solicitudes aprobadas hoy son aquellas que se recibieron entre el 31 de mayo y el 7 de junio último, destaca la normativa oficial.
Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, destacó “la ejecución de esta asistencia dispuesta por el ministro de Economía, Sergio Massa, para acompañar al sector productivo”, al recordar que el programa continúa abierto y dispone de un fondo total de $7.450 millones para paliar los efectos causados por la enfermedad que afectó la producción aviar en la Argentina durante los primeros meses del año 2023.
Situación actual
Por supuesto que la situación que vive en estos momentos el sector con esta enfermedad mortal para las aves, que todavía no cuenta con una cura y es altamente contagiosa para dichas especies, no es la que se vivió en los meses anteriores, cuando nuevos brotes y casos positivos se conocían a diario, que llevaban al sacrificio de animales y destrucción de huevos, más allá del cierre, en gran medida, de la exportación de productos avícolas.
Así, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó en su último reporte que “todas las muestras analizadas por el Laboratorio Nacional arrojaron diagnóstico negativo a influenza aviar (IA) H5. De esta manera de las 550 notificaciones analizadas a la fecha y de los muestreos realizados en las Zonas de Control Sanitario, suman 100 las detecciones de la enfermedad en total en todo el país y son 92 los brotes cerrados, desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 138 días”.
Así, los casos confirmados hasta hoy son en aves de traspatio (75), sector comercial (18) y silvestres (7), distribuidos de la siguiente manera: 24 en Buenos Aires, 21 en Córdoba, 12 en Neuquén, 9 en Santa Fe, 7 en Río Negro, 7 en Chubut, 4 en Chaco, 2 en Entre Ríos, 2 en Formosa, 2 en San Luis, 2 en La Pampa, 2 en Corrientes, 2 Santa Cruz, 1 en Jujuy, 1 en Santiago del Estero, 1 en Salta y 1 en Mendoza, informó el organismo nacional.
El programa
El programa, que cuenta con una partida total de $7.450 millones provenientes del Fondo de Incremento Exportador (financiado con ingresos del denominado “dólar soja”), está dirigido a todos aquellos productores avícolas que estén inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) del Senasa, y que se vieron afectados por alguna medida de sacrificio de aves o destrucción de huevos fértiles o frescos, por haberse detectado o sospechado de un caso de Influenza Aviar H5 o H7.
Precisamente, los montos son definidos en base a las actas de sacrificio o destrucción del Senasa, y toman en cuenta las categorías de aves sacrificadas y tipos de huevos destruidos, multiplicando la cantidad de aves y huevos por los valores unitarios de compensación establecidos para cada categoría.
Además, los productores deberán figurar en alguna de las categorías asociadas a aves de producción de carne o huevo, recría, reproducción de padres pesados o livianos; abuelos pesados, planta de incubación y agricultura familiar, al mismo tiempo que, como condición, el programa establece como requisito que los productores “no hayan obstaculizado o impedido” la labor de los agentes del Senasa en el procedimiento de intervención de emergencia sanitaria.
(Fuente: Infobae)
