El senador Alfredo De Angeli (PRO) y el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentaron un proyecto de ley, que busca establecer un marco legal que brinde seguridad jurídica y transparencia para los mercados de carbono en Argentina.
La iniciativa, desarrollada por la Mesa Argentina de Carbono, apunta a fomentar las inversiones en proyectos de captura y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
A nivel parlamentario, la propuesta ya ha sido presentada para su tratamiento en ambas Cámaras. Un dato a tener en cuenta es que la iniciativa fue respaldada por legisladores de distintos bloques políticos, como el Pro, Coalición Cívica, UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y UxP.
UN MERCADO CON CRECIMIENTO EXPONENCIAL
Según explicaron desde laMesa Argentina de Carbono, el mercado de los créditos de carbono ha mostrado un crecimiento global exponencial. Desde 2005, Argentina participa en los mercados regulados y voluntarios de carbono y en la actualidad tiene registrados más de 60 proyectos.
Para tomar dimensión, a nivel global, existen más de 12.000 proyectos de reducción de emisiones. En América Latina se han formulado el 22% de los créditos globales, con Brasil y México a la cabeza.
Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, destacó el rol clave del marco legal en este proceso. “La creación de un entorno legal transparente y seguro posicionará a Argentina como un destino atractivo para inversiones en este sector”, afirmó.
Los números afirman esta tendencia y en este punto, calcularon que si Argentina desarrollara proyectos en solo el 10% de su superficie agropecuaria y forestal, los ingresos que se podrían generar por la comercialización de los certificados/créditos de carbono oscilarían entre los U$S 10.000 y 14.000 millones, en plazos que oscilarían entre los 20 y 40 años. Por año, este mercado de carbono representaría un negocio de U$S 250-300 millones por año.
“Si este cálculo se lleva al 50% de la superficie agropecuaria y forestal, representaría entre U$S 1.100 y 1.750 millones anuales, lo cual puede asimilarse a los ingresos generados por los complejos productivos minero y de la carne y cueros”, estimó Cano.
UN MARCO LEGAL PARA ASEGURAR CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Los autores del proyecto estimaron que esta iniciativa proporcionará la seguridad jurídica que requieren inversores y desarrolladores.
Los mercados de carbono son un mecanismo de reducción de emisiones mediante la gestión privada principalmente, utilizando mecanismos de mercado. No requiere de inversión o financiamiento público, pero sí requiere que el Estado pueda garantizar las condiciones para que el sector se desarrolle. “De hecho, en nuestro país ya existen diversos actores que están voluntariamente llevando a cabo proyectos dirigidos a los mercados de carbono aún sin contar con un marco legal a nivel nacional”, sostuvo Cano.
Y concluyó: “Una regulación adecuada y actualizada en este ámbito permitirá garantizar el necesario desarrollo de numerosos proyectos en diversos sectores”.
(Fuente: Infocampo)
