Como en las viejas épocas de exhaustivos controles del entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, uno de los más críticos del ex funcionario kirchnerista, busca conocer ahora los costos en la cadena de producción de biocombustibles con los que se cortan las naftas.
Mediante la disposición 9-E/2017, publicada el miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Refinación y Comercialización de Hidrocarburos, Pablo Popik, el Ministerio llamó a los productores de bioetanol de caña de azúcar y de maíz a registrar en una web sus costos de elaboración y balances contables.
La medida, según publica El Cronista, era esperada por el sector y, en base a lo que surja en las próximas semanas (hay tiempo para presentar los datos hasta el 10 de enero), habría un eventual impacto en el precio de las naftas en febrero.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, comentó a El Cronista: «Es un pedido de informes sobre la estructura de costos después de la reducción de precios que aplicó el Estado a partir de la entrada en vigencia de una nueva fórmula polinómica. Con esto, Energía conocerá en profundidad a la industria argentina del bioetanol y evaluará si los precios que determinaron en noviembre son razonables o no».
A principios de noviembre, cuando Aranguren decidió una baja de 29% en el bioetanol de caña, las petroleras decidieron una baja de 1,5% en sus naftas, por la reducción en sus costos. Cuando días más adelante se retocó la fórmula (la disminución pasó a 14%), los combustibles tuvieron otro aumento en los surtidores.
Las petroleras repiten que los biocombustibles «no suman a la calidad de las naftas, el corte impuesto no mejora nada y es un costo que se traslada directo a los consumidores». Por su lado, los productores de azúcar y alcohol están alertas ante la posibilidad de perder buena parte de los 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos que se generan en torno a esta industria en el noroeste del país. Las acusaciones de «lobby» vuelan entre ambas partes.
Fernando Nebbia, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), le dijo a El Cronista que «no hay inconvenientes en mostrar los costos porque este es un sector regulado». La intromisión del Estado en las cuentas de las empresas es admitida aquí por tratarse de un mercado intervenido, sin libertad hasta 2021, pese a la voluntad de Aranguren de ir hacia mercados libres en lo que atañe a su área. «Los precios deben reflejar los costos y una utilidad razonable, que ahora no está contemplada con la nueva fórmula», evaluó Nebbia.
Otra fuente de la industria, en off, explicó a este diario que las últimas resoluciones del ministerio «son arbitrarias y no tienen en cuenta nuestros costos financieros». «La información que piden es muy amplia, hay que prepararla con tiempo y tenemos hasta el 10 de enero para presentarla, es escaso», analizó. Y agregó: «Queremos volver a la fórmula anterior hasta el 31 de mayo, por lo menos. La zafra arranca en junio y termina en noviembre. Los productos ya están terminados y en medio de esto, vinieron a cambiar todo».
Fuente: Edición Rural
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