La Federación de Acopiadores envió ayer una carta al Presidente de la Nación y al Ministro de Agricultura argumentando que con el nuevo régimen de derechos de exportación, un productor de 1.000 toneladas de maíz ve reducido su ingreso anual de $1.800.000 a $972.000. Si el “esfuerzo” fuese equitativo, un funcionario que cobra $138.500 al mes debería percibir ahora $74.800 (lo mismo que el productor maicero que arriesga su capital cada campaña).
A dos semanas de haberse aprobado la Ley de Solidaridad Social, la Federación de Acopiadores envió una carta al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para expresar su preocupación por el incremento de los derechos de exportación. “Somos plenamente conscientes de la importancia de reducir el déficit fiscal y hacer frente a las necesidades de los más carenciados, pero para eso queremos esfuerzos compartidos por todos los sectores de la sociedad”, manifestaron.
En el escrito firmado por el presidente de la institución, Fernando Rivara, y enviado también al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, las casi 1.000 firmas acopiadoras de granos nucleadas en la entidad recordaron que, bajo la emergencia económica, las retenciones subirán 125% para los cereales y 34% para la soja en un contexto de precios reducidos en el orden del 10%, costos en aumento y un patrón climático relativamente seco.
Así, explicaron que los DEX reducen los márgenes (ingresos) brutos en aproximadamente U$S/Ha 120 (-46%) para el maíz, U$S/Ha. 84 (-36%) para la soja y U$S/Ha. 50 (-23%) para el trigo. Para un productor de 1.000 toneladas de maíz cuyo ingreso bruto anual (antes de pagar arrendamientos o retribución al factor tierra) es de aproximadamente $1.800.000 antes de las medidas, el margen queda reducido a $972.000.
“Podríamos imaginar cuál sería la reacción de los funcionarios de distintos poderes con un sueldo mensual de $138.500 -que anualizado equivaldría al del productor, $1.800.000- si se intentara tomar la decisión de rebajarlo a $74.800 por mes ($972.000 anual). ¿Por qué, entonces, reducir los ingresos de los productores y no hacerlo en forma equitativa con el resto de la sociedad?”, cuestionaron.
A eso se suma que el Congreso Nacional requirió un presupuesto de $23.717.825.829 al Estado para sesionar seis veces en todo un año, o que aún los funcionarios del Poder Judicial mantienen sus privilegios al no pagar impuesto a las ganancias, o que la mayoría de los Municipios han duplicado el personal en los últimos 30 años para ofrecer menores servicios cobrando impuestos disfrazados de tasas retributivas. “La realidad (que es la única verdad) dice que en tiempo récord se acordó un brutal ajuste para el campo y del resto hay sólo vagas promesas”, indicaron.
En su carta, los Acopiadores también recordaron que entre los mencionados para “hacer el esfuerzo”, además del campo, estaban los sectores petrolero y minero, que aportarán el 8% del precio FOB declarado por ellos mismos, cuando el agro aportará el 33% (o 15%, según corresponda) del precio FOB que determina el Gobierno Nacional.
Citando los modelos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el otro dato clave aportado por la Federación indica que el aumento de los DEX haría caer el área de siembra de la campaña 2020/21 en 850.000 hectáreas y la producción disminuiría unos 4,2 millones de toneladas. Para los Acopiadores, “esta será la evidencia de la expulsión de muchos productores del sistema”, mientras que “el aumento de la recaudación total apenas superaría a la pérdida de divisas por menores exportaciones”. Además, se debe incorporar al análisis los riesgos que asume el productor y el hecho muy significativo de que, si este productor tuviera que pagar arrendamiento o pretendiera remunerar a su propia tierra, sus ingresos, netos en este caso, desaparecerían.
Lo más grave -expresaron- es que para cargar sobre un sector el peso del ajuste se use un relato que permita la justificación moral de esa actitud para que sea acompañado por la mayoría de la sociedad. “El pueblo no acompañaría un ajuste sobre las retribuciones a bomberos”, ejemplificaron, y le pidieron al ministro de Agricultura que salga al cruce de manifestaciones infundadas como las que sostienen que los productores agropecuarios “tienen rentas extraordinarias”, “no son solidarios”, “son los que más tienen” o “se la llevaron por 4 años y ahora tienen que pagar”.
Fuente: SAVIA comunicación
