Once entidades del agro y cámaras ligadas a los biocombustibles se pusieron en “alerta” debido a la presentación de un proyecto de ley que, alertan, “pone en riesgo de desaparición a muchas empresas que invirtieron cientos de millones de dólares y que aportan empleo y beneficios ambientales, sociales y económicos en todo el país”.
Se trata de la iniciativa impulsada por 15 diputados, 14 del Frente de Todos y uno del PRO. Hoy el biodiésel de soja se mezcla en un 10% en el gasoil y el bioetanol de caña de azúcar y el de maíz en un 12% en la nafta. En un comunicado, la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Cámara de Bioetanol de Maíz, Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Bolsa de de Cereales de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio del Chaco alertaron sobre una reducción de esos niveles.
“La iniciativa establece una reducción de la mezcla de biodiésel en el diésel del 10% al 5%, pudiendo bajar incluso al 3 %, y abre las puertas a una disminución del 12% actual al 9% en el caso del bioetanol, discriminando injustamente a las plantas productoras en base maíz al hacer caer dicha reducción exclusivamente en las mismas”, indicaron.
“De aprobarse este proyecto de ley, la industria bioenergética iniciará un camino de decadencia, en vez de transformarse en un vector de desarrollo económico, ambiental, social y regional como fue hasta ahora”, agregaron.
Las cámaras pidieron la prórroga de la actual ley, que vence el 12 de mayo próximo, y cuya continuidad hasta 2024 ya tuvo una media sanción por unanimidad el año pasado en el Senado. La prórroga se paró en Diputados.
“La industria espera que haya una prórroga de la ley actual, tal cual fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación, y que durante el transcurso de la misma se pueda tener oportunidad de debatir seriamente el futuro de los biocombustibles, evitando así que se imponga un proyecto improvisado que perjudica a toda la cadena de valor de la soja y del maíz”, indicaron las entidades.
Alertaron que con el proyecto que ahora se propuso “cualquier eventual reducción de las mezclas atenta contra le legislación vigente, principalmente en cuanto al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París de 2016, firmado por la Argentina en la sede de la ONU y ratificado por la Ley N° 27.270, incluido en la Ley Nacional Ambiental N°25.675 de 2002”.
Argumentos
Tras conocerse el nuevo proyecto de ley sobre biocombustibles por parte del oficialismo, Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, expresó su rechazo a la iniciativa porque “atenta contra el ambiente y la salud de los argentinos y pone a una buena cantidad de productores de biocombustibles al borde de la bancarrota”. La asociación que integra Molina acompaña una prórroga corta de la ley.
“Hay importantes informes científicos, como uno reciente publicado por la Universidad de Harvard, donde se confirma la existencia de millones de muertes anuales en el mundo, por exposición a los combustibles minerales”, señaló.
“Le otorga (al Gobierno) facultades discrecionales de bajar los contenidos mínimos de biocombustibles en las mezclas o de intervenir en el mercado de aceites, maíz, azúcar, en sintonía con ley de abastecimiento, o de fijar precios que podrían no ser representativos de los costos de producción. Asimismo, es una abierta violación al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, que fuera ratificado por Ley N°27.270, y prescripto también en la Ley Nacional Ambiental N°25.675”, remarcó.
Asimismo, el directivo dijo que no se debe acompañar dicha iniciativa porque si se convirtiera en ley “se quitan incentivos a las inversiones”.
“Se atenta contra los procesos de inversión productiva e innovación que deben asociarse a estos programas, de manera de mejorar la productividad y consolidar en el país, el acceso a los últimos avances de la ciencia y tecnología en la materia. Se discrimina en contra de aquellos productores de biocombustibles que de manera directa o indirecta, se vinculen con la exportación de biocombustibles, cereales, oleaginosas, y otros insumos relacionados con aquellos”, afirmó.
Por otra parte, también indicó que “se quitan incentivos a la exportación, al otorgar un tratamiento relativo perjudicial al bioetanol de maíz, que debe absorber los eventuales 3% de baja en las mezclas con naftas, en relación al bioetanol de caña de azúcar, el que solo encuentra fundamentos en prejuicios ideológicos, hecho que a la vez impacta negativamente en la Región Centro del país, por sobretodo”.
En tanto, sostuvo que si el proyecto tiene luz verde, se excluiría la posibilidad de desarrollar biocombustibles distintos al biodiésel y al bioetanol. “Impide el acceso al mercado interno de biocombustibles a un grupo importante de productores de biodiésel, los que podrían operar en un régimen de libre mercado ocupando un segmento específico, toda vez que se intensifique el uso de biocombustibles en el país, objetivo deseable pero que quedará trunco en caso que la presente propuesta se convierta en ley”, dijo.
Además, precisó que “se ignora la posibilidad de implementar en el país un programa destinado a introducir vehículos con motores flex fuel, tan necesarios para incrementar la sustentabilidad en el uso de combustibles de transporte, a través de la utilización de contenidos de bioetanol en las naftas superiores al 18%”. Para Molina, “en definitiva, busca enfrentar a productores de biocombustibles entre sí, en una especie de sálvese quien pueda para sobrevivir”.
Fuente: La Nación
