El despacho de mayoría consiguió 49 firmas -28 en presupuesto y 21 en energía entre las dos comisiones- y fue respaldado por el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino, el bloque Justicialista, Frente para la Concordia Misionero.
La iniciativa establece la reducción del 10% al 5% en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel. A diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria.
El dictamen se basa en el proyecto presentado por los diputados del Frente de Todos, Omar Félix y Marcos Cleri y busca reemplazar la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.
Los puntos centrales, que tendrán vigencia hasta 2030, son los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga además facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.
Otro punto del proyecto que genera debate, es el artículo que implica que la Secretaría de Energía podrá «elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas».
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».
Al defender la iniciativa, Félix señaló que «la propuesta protege a las empresas del sector, a la actividad y por sobre todas las cosas cuida el bolsillo de los argentinos».
«Se evitan mayores aumentos de combustibles en surtidor, protegiendo el bolsillo de los argentinos y argentinas, tanto para los vehículos particulares como para el sector productivo en general que necesita para su funcionamiento de precios accesibles», agregó.
Otro de los autores del texto, Cleri dijo que «el proyecto fue consensuado con productores, y las economías regionales» y que se estableció hasta el 2030 para que «puedan acceder al crédito» para realizar sus inversiones y «tener un modelo de desarrollo regional».
«Tiene una mirada integral que busca dotar de herramientas para que el sector privado junto con el público puedan planificar durante este año la inversión y la transición sin afectar el bolsillo de los argentinos», continuó.
En tanto, el vicepresidente de la comisión de Energía, el legislador de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, argumentó su postura contraria a la iniciativa oficial. “No estamos en épocas de serenidad macroeconómicas, inclusive en el contexto internacional, no es el mejor momento para alumbrar un nuevo régimen”, dijo.
Además, se inclinó por la prórroga existente y sostuvo: “Haber accedido a una prórroga de 4 años como lo planteo el Senado hace solo 6 meses atrás y de manera unánime, creemos que ese era el camino correcto”. Por otro lado, criticó que con este proyecto se le da «al Secretario de Energía la potestad absoluta de elegir quien vive y quien muere en el sector de biocombustibles”.
Por su parte, la legisladora radical Jimena Latorre explicó que la iniciativa «no tiene sustentabilidad, ni promoción de energías limpias, acá lo que hay es un régimen intervencionista, donde el Estado, poco eficiente viene a regular esta actividad después de 11 años ”.
La legisladora Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, habitual aliada del oficialismo, anunció que apoyará la iniciativa en general y pidió considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el Gobierno Nacional «que no deberían colisionar con este proyecto de ley».
En tanto, el legislador de Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, cuestionó la iniciativa del oficialismo, solicitó «no bajar los niveles de mezcla en el caso de biodiesel ni en el caso del bioetanol» y dijo que «es una pena que no hayan opinado sobre el proyecto el ministerio de Medio Ambiente».
Con respecto a la sustitución de importación, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo «con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo».
En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
Fuente: ambito.com
