Productores independientes, dirigentes de las Sociedades Rurales y dirigentes de entidades nacionales se mostraron preocupados por los casos de usurpaciones violentas en Tucumán y Salta. Uno de los casos más recientes ocurrió hace un mes. Según denunció el ruralista Aníbal Ricardo Picón desde hace tiempo tienen problemas con dos sujetos que se presentaron en sus campos de Leales exhibiendo un boleto de compraventa de 1999 que sería apócrifo. El conflicto se habría intensificado el 24 de diciembre, cuando por orden de los denunciados, cerca de 60 personas irrumpieron por la fuerza rompiendo un alambrado y plantaron en 60 hectáreas.
“Se metieron de prepo, no fue casualidad la fecha: lo hicieron justamente sabiendo que empezaba la feria judicial y que eso les daría más tiempo para instalarse”, explicó Picón, que ayer se reunió con un juez de Paz y espera que la Justicia ordene de una vez por todas un desalojo de la propiedad. “Perdimos la cosecha de 85 hectáreas de maíz por culpa de esta gente. Es peligroso, porque nos amenazan y no sabemos con quienes estamos tratando”, agregó el agropecuario.
“Fue peligroso, llegó la Policía cuando los llamamos porque estaban haciendo tiros y amenazando a todos nuestros empleados. Incluso trajeron a personas que estaban trabajando para ellos y se justificaban diciendo que estaban actuando ‘de buena fe’. ¿Cómo va a ser buena fe si quienes te contratan te hacen saltar tapias y pasar por alambrados rotos? Es increíble”, señaló Federico Mollica, yerno de Picón que estuvo en ese momento y sintetizó: “la verdad pasamos miedo con lo que hicieron”. “Tenemos los papeles de estas tierras, los contratos de arriendo. Incluso, cuando se hizo una sucesión esas personas nunca estuvieron. Ahora aparecen con un boleto de hace 23 años cuya firma no dudo que es falsa”, expresó. También remarcó otra controversia: “se trata de grupos organizados que están usurpando en distintas fincas”.
El titular de la Sociedad Rural, Sebastián Murga, instó a la Justicia a que se movilice para solucionar esta situación. “No voy a hablar de casos particulares, pero sí estoy al tanto de que varios productores denuncian que hay grupos integrados por gente pesada que se está metiendo en sus fincas. Para situaciones así, se tiene que poner en vigencia la ley de Flagrancia y ordenar el inmediato desalojo de los usurpadores”, manifestó.
“Tenemos situaciones en las que el Ministerio Público Fiscal ordena medidas, que, según algunos productores afectados, no se estarían llevando a cabo. Si la Justicia resuelve, la medida se tiene que aplicar de inmediato”, agregó, y subrayó que Tucumán no es la excepción a una problemática que se está repitiendo a nivel nacional. “La Sociedad Rural expresa una vez más el repudio a la usurpación de tierras, no sólo privadas, sino también públicas, porque se están viendo cada vez más casos de personas que se asientan sobre banquinas, sobre vías del tren o sobre terrenos fiscales”, finalizó.
“Esto no es un problema local sino que tiene envergadura nacional. Es importante poder atenderlo a tiempo. En Neuquén, Río Negro y otros pueblos del sur del país los casos de usurpaciones tomaron una gravedad terrible. Se tornó muy violento para los ruralistas que son invadidos por pseudo pueblos originarios, personas que no respetan ni la bandera”, lamentó Héctor Hernández Vieyra, coordinador del Foro de Seguridad Rural Argentino. “Sabemos que en Salta y en Tucumán, aunque con menos violencia, están sufriendo este tipo de cosas. También se da con personas que presentan documentación apócrifa, y la Justicia tiene que ser rápida en los desalojos, porque sino las víctimas quedan desprotegidas y porque se pierde producción, que es el motor de nuestra economía“, agregó. “El Gobierno Nacional debe tener una oficia que atienda Delitos Rurales”, concluyó.
El caso de referencia
1- Meses atrás, una persona se presentó en una finca de Leales aduciendo que había comprado una parte del terreno en 1999
2- Los herederos de esa tierra aseguran que el boleto de compraventa exhibido es falso. Hasta la fecha no hay una decisión de la Justicia
3- El 24 de diciembre, según la denuncia, el presunto comprador se metió en las tierras por la fuerza. Los herederos exigen su desalojo
Agüero Gamboa señaló que están actuando
“Sabíamos del hecho y esperamos la decisión judicial para actuar. Hemos logrado sofocar varios intentos de usurpación en distintos puntos de la provincia. Estamos actuando”, señaló el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. El funcionario señaló que la relación que mantiene con los representantes del sector productivo es muy buena y que están abiertos a mantener una reunión. “Si no me equivoco, estaba previsto un nuevo encuentro en marzo, pero si es necesario, podemos adelantarlo para que planten la problemática y busquemos la solución de manera rápida”, concluyó.
