Hace menos de un mes, en la Patagonia se tiraron el equivalente a 60 barcos cargados de langostinos por un conflicto sindical. El hecho se dio en la localidad de Rawson, Chubut, donde advirtieron que podría haber una “catástrofe” sanitaria y ambiental si el problema no se soluciona. El próximo lunes vence una conciliación obligatoria que dispuso el Ministerio de Trabajo, pero temen que la situación se extienda en el tiempo. Las pérdidas ya superan los US$130 millones por la huelga y la mercadería desechada.
Un paro gremial llevó a la putrefacción de más de 340.000 kilos de langostinos y otras especies. “El 29 de diciembre pasado hubo un paro sindical sorpresivo con más de 60 barcos cargados que venían de pescar. Hoy hay una conciliación obligatoria. Son más de cinco estadios de fútbol de langostinos los que se tiraron”, dijo Gustavo González, presidente de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (Cafach). Las pérdidas solo por el desecho de estos alimentos ascienden a US$5 millones. Más allá del daño económico, la situación, según alertaron, impidió que la Argentina cumpliera con parte de los compromisos comerciales y los contratos internacionales que se mantiene con Estados Unidos y España, por mencionar algunos.
A través de un comunicado, en esa cámara señalaron que “los sindicatos elevan las amenazas de profundizar las medidas, al tiempo que el Estado provincial y la industria denuncian que se está desencadenando una catástrofe ecológica que pone en riesgo la salud de los propios trabajadores, y la sanidad de las regiones pesqueras”. Las paralizaciones gremiales encabezadas por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) llevaron a la putrefacción de estos productos, según dijeron.
Andrés Arbeletche, secretario de Pesca de esa provincia, dijo que el conflicto “es un poco más intrincado”. Explicó: “En un primer momento, el paro fue por reclamos de seguridad e higiene, luego por cuestiones de reclamos salariales, pero el trasfondo es que hay en el medio denuncias penales por extorsión contra los dirigentes del SUPA y también se incluía de forma velada como un condicionamiento para terminar las medias de fuerza”.
En la cámara dijeron que el gobierno de Chubut, a través de la Fiscalía de Estado, oficializó una denuncia penal contra el sindicato y sus representantes bajo la carátula de “Ecocidio”, un delito que el Código Penal define como “causar dolosamente un daño grave al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales”. Dijeron que el área de estudios ecológicos y ambientales especificó que la medida de fuerza “ha ocasionado un descontrol sanitario que puso y mantiene en riesgo la salud tanto de los empleados embarcados como de los que cumplen tareas en tierra, como estibadores e inspectores, que se encuentran frente a una situación sin precedentes en la pesquería nacional e internacional”.
El secretario de Pesca, advirtió, no obstante, que “la dirigencia del SUPA sabe que puede hacer paro y tiene su derecho, pero no puede guardar silencio, dejando que los barcos salgan a pescar y luego no descargarlos, dejando que se pudran miles de kilos de langostinos”.
“Normalmente, avisan que van a parar y los barcos no salen hasta que se solucione”, expresó. Según contó el funcionario, desde el gobierno local fueron acompañados con las autoridades del Ministerio de Ambiente, personal y maquinaria para sacar la mercadería que se estaba pudriendo. ”Nos lo impidieron, bloquearon el muelle y llevaron a una patota a agredir”, afirmó.
En total, en el gobierno local aseguraron que las pérdidas ascienden a US$125 millones, que es lo que se perdió de pescar como consecuencia del paro. Esto se suma a los US$5 millones por la captura que efectivamente se pudrió en bodega.
La totalidad de las cargas sumaban unas 700 toneladas de crustáceos que se mantuvieron bloqueadas a bordo. De estas alrededor de 340 se descompusieron en los barcos y fueron desechadas, mientras que las 360 restantes aún las tiene retenidas el Senasa para definir si están dadas las garantías alimenticias necesarias para su posterior procesamiento, comercialización y consumo. González reconoció que “la situación es gravísima porque no existe ningún basural o reducto sanitario que pueda dar un correcto tratamiento a semejante cantidad”.
González contó que los desechos fueron trasladados a plantas de procesamiento de residuos pesqueros sólidos, pero se trata de “una cantidad en descomposición inédita para la pesquería nacional que aún acarrea emanaciones de gases, olores nauseabundos y diferentes daños en la salud para quienes debieron trabajar entre los miles de kilos putrefactos que causó la medida de fuerza”.
Lo que se tiró lo enterró Alcántara, una empresa ubicada en Trelew. “Ningún basurero pudo absorber tanta cantidad”, expresó González. En esa cámara indicaron que hay muchos trabajadores que no abandonaron sus puestos durante la descomposición y que siguen presentando síntomas compatibles con una grave intoxicación (dolores de cabeza y vómitos) por los gases que emanaba la mercadería que se pudrió a bordo. “Incluso hay muchos empleados que aún no han podido reincorporarse a las tareas”, resaltó.
Según el comunicado de Cafach, en SUPA habrían manifestado que “no se descargara nada hasta que no se firmara el incremento salarial que pretendían”. En tanto, González manifestó que “no fue una negociación honesta, porque los barcos estaban cargados” y que “la cuestión debía haberse alertado a tiempo para que no salieran a pescar”.
A principios de mes, luego del bloqueo portuario, las entidades empresarias decidieron paralizar la pesca para evitar un daño ambiental y sanitario mayor, pero la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo reactivó luego las tareas aunque en un contexto de amenazas e incertidumbre que sigue preocupando a todo el sector pesquero dado que se teme por más medidas similares.
“El país está en una situación muy vulnerable como para que nos obliguen a desechar tantos kilos de alimentos”, precisó González, quien a su vez instó a las autoridades judiciales a “dictar una sentencia ejemplificadora contra quienes toman medidas que ponen en riesgo la salud y la seguridad alimentaria”.
(Fuente: La Nación)
