La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, homologó hoy la propuesta de pago para el cierre del concurso de la cerealera Vicentin. La empresa cayó en diciembre de 2019 en default y acumuló una deuda de más de US$1500 millones. Luego de un rechazo a una propuesta de la firma -que cancelaba en torno del 30% de la acreencia a los acreedores- dispuesto por el juez Fabián Lorenzini, el magistrado a cargo de la causa, la cámara ahora dio su aprobación tras un proceso de más de cuatro años. Si no hay una apelación en un plazo de 10 días, la firma saldrá del concurso. En 2020, en plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández la quiso expropiar, lo que desató un conflicto que se cristalizó en banderazos en el país. El jefe de Estado de ese momento luego tuvo que revertir una intervención e intento de quedarse con la firma.
Con la medida judicial, para la cerealera se empieza a despejar el horizonte para poner en marcha una propuesta a 12 años que incluye un fideicomiso con tres interesados estratégicos. Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estas firmas se quedarían con el manejo del 95% de la empresa al finalizar el plazo. En tanto, los accionistas de Vicentin conservarán el 5%. Los tres operadores se presentaron para asegurar la continuidad de esta compañía que supo estar entre los top ten de la exportación agrícola.
Según se detalla en la resolución de 20 páginas, la cámara judicial resolvió “hacer lugar al recurso de apelación de Vicentin SAIC y rechazar el de Commodities SA [que litigiaba en el caso]”. También, los tres jueces que conforman la Cámara, Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román, decidieron “revocar la sentencia alzada y homologar el acuerdo preventivo obtenido con las mayorías de ley (arts. 45, 52, 56 y cc. de la LCQ)”.
Por otro lado, se desistió de los recursos interpuestos por el Banco Nación (BNA) y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que afectaban el acuerdo homologado. Cuando cayó Vicentin, el banco estatal era acreedor de unos US$300 millones otorgados en concepto de prefinanciación de exportaciones. Con el gobierno anterior el BNA se opuso a las distintas iniciativas de la cerealera.
Además, el escrito de la cámara establece “regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en la alzada en el 50% de lo que corresponda por la actuación profesional en el incidente de impugnación en la instancia de grado”. Asimismo, se le imponen a Commodities SA las costas de esta instancia.
Como se mencionó, la propuesta de pago había sido rechazada por Lorenzini quien, además, abrió un proceso de cramdown para que incluso otros actores pudieran hacer ofertas por Vicentin. La cerealera recurrió a la Justicia para frenar esa iniciativa.El 28 de septiembre pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, dio lugar a una solicitud presentada por la compañía para que se suspendiera el cramdown hasta tanto resolviera la cuestión, cosa que pasó hoy.
“Es un momento de gran algarabía. Los trabajadores tuvieron una reacción de enorme alegría en las plantas. Tenemos una sensación de recuperar justicia, de que íbamos hacia acá y lo logramos”,dijo Estanislao Bougain, director independiente de la firma. Agregó: “Es volver a los caminos normales. Este proceso debería haber concluido de esta manera desde el principio, y finalmente, dos años después, lo hizo, como siempre debió haber sido”.
La cerealera logró estar por encima de las cápitas necesarias y del capital. En las cápitas requería 860 y quedó muy por encima de las 1000. En tanto, logró superar el 66,7% del capital verificado.
El default de Vicentin ocurrió días antes de la asunción de Alberto Fernández. El declive de la empresa se dio en un contexto donde los productores agrícolas, temiendo otra suba de retenciones, cosa que ocurrió al dejar el poder Mauricio Macri, adelantaron ventas de sus granos. La situación macroeconómica que se arrastraba en el país no ayudó a la empresa. Esto más allá de cómo manejó la entonces conducción de la empresa a la cerealera, algo sobre lo cual pusieron la lupa algunos acreedores.
La empresa actualmente opera bajo el régimen de trabajo a fasón y ha asegurado contratos con los interesados estratégicos y la Unión Agrícola de Avellaneda para utilizar la totalidad de las instalaciones del Nodo Sur, es decir Ricardone y San Lorenzo, en el sur de Santa Fe. Además, también tiene contratos a fasón para todo 2024 para el Nodo Norte, en el norte de Santa Fe, donde hay una planta procesadora.
En el escrito, los jueces remarcaron: “Tanto a los trabajadores directos de la concursada como a sus proveedores y a la sociedad en general les conviene que se mantenga en funcionamiento una empresa que como tal ha generado riqueza y probablemente lo seguirá haciendo, no sólo para sí sino para quienes se vinculan directa o indirectamente con ella”.
(Fuente: La Nación)
