El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el Ministerio de Agroindustria no se fusionará con Producción y mantendrá ese rango, en la cartera que conduce el ministro Ricardo Buryaile ya están trabajando en la orden que bajó desde la Casa Rosada a todos los ministerios para reducir el gasto.
Según trascendió, están afilando la tijera para podar al menos un 10% el gasto. De acuerdo con el presupuesto 2017, a la cartera se le asignaron $ 6900 millones para su administración central y $ 9884,4 millones para los organismos descentralizados, que incluyen desde el INTA y el Senasa hasta el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. En total, el presupuesto se fijó en $ 16.784,4 millones.
«El presupuesto para el año que viene ya se está empezando a procesar. Por la forma de cálculo, va a ser más chico en moneda constante. Hay un flujo de $ 9000 millones (sobre el total sin personal) y debería ser de $ 11.000 millones si se actualizara por la inflación. Sin embargo, va a estar en un 10% menos», apuntó una fuente que conoce los entretelones de la movida. «Esto no significa que se va a dejar de hacer cosas, sino que se gastará mejor», agregó.
Interlocutores que estuvieron con autoridades de Agroindustria en las últimas semanas afirman que les escucharon hablar de «achique» para el futuro inmediato de la cartera. De hecho, allí vienen de fusionarse las secretarías de Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial. Entre una subsecretaría menos (Coordinación Institucional) y direcciones y coordinaciones que se bajaron, con la fusión hay 23 dependencias menos.
Otras direcciones y coordinaciones, que están en 15 subsecretarías, podrían tener un destino similar. Según datos de la Fundación Libertad y Progreso, en abril pasado, antes de la fusión entre Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial, en Agroindustria había 30 direcciones nacionales, seis direcciones generales, 63 direcciones y 70 coordinaciones.
Sin contar el personal de organismos como el INTA y el Senasa, Agroindustria sola tiene un plantel de más de 3000 personas. Hubo un recorte de más de 300 contratos apenas se produjo el recambio presidencial de diciembre de 2015 y luego tampoco se hicieron renovaciones. En esa cartera dicen que el nuevo achique no pasará por sacar personal. Sin embargo, «no se va a tomar gente nueva» y los puestos que se vayan cerrando no tendrán cobertura.
Entre otras cosas, se prevé reducir el monto para aportes no reintegrables (ANR), que hoy se entregan en calidad de subsidios. «De lo que se gaste, se va a gastar bien», insistió la fuente consultada. En tanto, la decisión es preservar programas que tienen un impacto en infraestructura, como el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap). Con financiamiento de bancos internacionales, como el BID, y local, en los últimos 20 años ese programa tuvo un financiamiento de US$ 1346,7 millones.
En Agroindustria ya han intentado hacer más eficiente el manejo de áreas como el parque automotor, que de 700 vehículos que había cuando llegaron las autoridades ahora hay algo más que 400 unidades.
Lo otro que desvela en el Ministerio es el creciente gasto en alquileres en la misma ciudad de Buenos Aires. Por el edificio del Inase se pagan unos tres millones de pesos al año y otro tanto se va sumando otras oficinas, entre ellas las que están sobre la calle Azopardo, atrás de la sede de Agroindustria en Paseo Colón al 900. También el Senasa tiene varias oficinas alquiladas y el INTA hace lo propio en muchos lugares en el Interior.
Otro edificio
Una idea que anda dando vueltas por la cartera de Agroindustria es la posibilidad de bajar el gasto en alquileres en Buenos Aires activando la construcción de un edificio propio en un terreno que tiene el Ministerio en el puerto porteño. Se trata un viejo predio que desde principios del siglo XX se usaba para poner en cuarentena a animales que venían del exterior. Durante el mandato de Cristina Kirchner, el entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, había pensado esa posibilidad ara las oficinas alquiladas con otro tipo de proyecto.
Para el INTA y el Senasa, «racionalización» será la palabra que también deberán incorporar en sus gastos, según dicen las fuentes consultadas.
FUENTE: Fernando Bertello para La Nación
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