En el sector alertan que representará un gasto extra de $ 3000 millones y que afecta la competitividad de las economías regionales.
La última suba del gasoil, del 6%, generó preocupación entre las entidades del campo porque no sólo ocurre cuando falta cosechar casi el 70% del trigo, sino que resta sembrar casi el 60% de la soja y un número similar en maíz. Además, el aumento representará un gasto extra de $ 3000 millones en una campaña donde, por el incremento acumulado del combustible, los productores deberán desembolsar casi $ 13.000 millones más con respecto al ciclo pasado.
«Con esto, el aumento acumulado en menos de dos meses rondaría el 17%, pasando de 17,03 a 20,2 pesos el litro. Los combustibles se han incrementado un 33% durante 2017, más que la inflación acumulada», dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, citando datos de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi).
Iannizzotto se quejó de que el Gobierno «no tiene plan B» ante esta situación. «El gradualismo que plantea el Gobierno es ir regularizando las variables de los precios. La postura de Coninagro es a qué costo va a ser esta regularización gradual», planteó el ruralista, que brindó la siguiente radiografía del sector: «Nuestros precios no se actualizan, hay blanqueo de tarifas, en el mercado interno, por las altas tasas de interés; no hay circuito económico y no podemos competir en el mercado internacional (por el atraso cambiario), si bien se dieron pasos agigantados (en abrir mercados)».
En Coninagro consideran «gravísimo» para las economías regionales el problema del incremento del combustible. «Para el productor y las pequeñas empresas agroindustriales vemos que entramos en un terreno peligroso, con un dólar tan bajo, aumento de tarifas, déficit fiscal y con gradualismo», añadió. Según el dirigente, el Gobierno debería trabajar en una compensación para aquellas producciones alejadas de los puertos.
Impacto extra
Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también recibió con preocupación el aumento del combustible. «Lo vemos pésimo; en Resistencia, por ejemplo, ya está a $ 30,80», contó. Esa situación está ocurriendo con los camiones cisterna que llevan el gasoil al campo de los productores«, según explicaron en la entidad. «Bajaron el precio del etanol y del biodiésel, condenando a un montón de empresas que hicieron inversiones, pero en el surtidor subió. No entiendo. No hay previsibilidad en la política energética. No sabemos qué va a pasar», agregó Chiesa.
Según CRA, el incremento del combustible va a representar un gasto adicional de unos $ 2100 millones. Esto es considerando sólo la producción de granos, sin incluir economías regionales.
«Desde diciembre de 2016 tenemos casi $ 13.000 millones extras sobre la campaña agrícola en el sector [respecto del ciclo anterior]», señaló Matías Lestani, responsable del Departamento Económico de CRA.
Por otra parte, según Coninagro, mientras el productor tendrá tranqueras adentro (para labores de siembra a cosecha) un gasto adicional de $ 1448 millones, si se suma el transporte de granos el impacto de la medida llegará a un total de $ 3018 millones. Silvina Campos Carlés, asesora económica de esa entidad, estimó que sólo entre junio y diciembre, cuando se planifican las labores de la campaña, el gasoil subió un 21 por ciento.
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), destacó que cualquier aumento del combustible, al agro lo «impacta en su competitividad». Por ello, considerando que un 40% del precio final de este insumo son impuestos que dependen de ese valor, remarcó como positiva la propuesta del Poder Ejecutivo que prevé cambiar esas alícuotas por montos fijos por litro.
Si eso estuviera vigente, Pelegrina explicó que para el agro el impacto del aumento del gasoil hubiera sido un 37% más bajo que el incremento actual. «Hay que seguir trabajando para reducir la presión impositiva de este insumo estratégico clave para la economía nacional», dijo el presidente de la SRA.
POR: Fernando Bertello para La Nación
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