El gobierno de Mauricio Macri reclamará ante la Justicia que el predio que ocupa la Sociedad Rural vuelva al Estado. Esta petición es el principal reclamo del juicio oral y público que comenzará el 6 de junio próximo contra el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, entre otros, acusados de vender sin autorización parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por el precio considerado «vil» de 30 millones de dólares en 1991, una cuarta parte de su valor real. Ese dinero debía pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo abonó 6,5 cuotas, según los cálculos del Gobierno.
La fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, irá no solo contra los exfuncionarios y los ejecutivos de la Sociedad Rural que realizaron la operación sino también reclamará que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado, dijeron fuentes judiciales a La Nación.
El mismo reclamo realizará la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que es querellante en la causa como organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Marcos Peña, según confirmaron fuentes del Gobierno a La Nación.
El juicio con este reclamo de recupero de los bienes malvendidos para el Estado se da en medio de una particular coyuntura que enfrenta el Gobierno con el campo a partir de la medida que analiza para frenar una anunciada baja de retenciones a la soja, como parte de su política de reducción del déficit.
Durante el gobierno anterior, Cristina Kirchner firmó un decreto que anulaba la venta de Menem del predio de la Sociedad Rural. La entidad reclamó a la Justicia por esa norma. El primer procurador del Tesoro de la gestión de Macri, Carlos Balbín, dictaminó en favor de que el predio retorne a las manos del Estado. La misma política que tiene hoy el AABE al reclamar en el juicio el recupero del predio, para venderlo.
Actualmente, ese caso judicial está paralizado a la espera de la sentencia del juicio oral que comenzará en diez días. El juicio estará a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michilini, este último en reemplazo de Jorge Tasara, que se excusó porque fue funcionario durante el menemismo.
La fiscal Baigún estará acompañada por su colega Dafne Palopoli de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Los acusados son Menem, Cavallo, dos exfuncionarios del Ministerio de Economía, seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural.
La nómina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agustín de Zavalía, y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.
Todos ellos están acusados de peculado por sustraer un predio de dominio público para su venta ilegítima a un privado. Se trata de un delito gravísimo que se pena con hasta 10 años de prisión.
Los acusados pueden argumentar que el caso está prescripto porque la venta se hizo en 1991, hace 27 años, y recién ahora se hace el juicio oral contra los acusados. Pero la Cámara de Casación, el año pasado, desestimó este argumento y apuró el juicio oral. Justamente el argumento es que como Menem sigue siendo funcionario, los delitos no prescriben y en eso arrastra al resto de los acusados.
Fuente: La Nación
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