El sábado pasado, más de 100.000 personas, según la cifra relevada por los organizadores, se concentraron en Plaza de Mayo para pedirle al Gobierno que al campo le “saquen las manos de encima”.
Al término del encuentro, un grupo de productores se retiró a Casa Rosada para hacer entrega en mesa de entradas de un proyecto de ley que propone “animarse a pensar un país sin retenciones”. En rigor, la iniciativa explica cómo hacer para eliminar el cobro del derecho a las exportaciones sin producir una caída de la recaudación del Estado.
El contador público Esteban Hernández, de la Fundación Apertura, de Rosario, que participó en la elaboración del proyecto, explicó que el trabajo que presentaron arroja que “si se eliminan las retenciones, no se produciría un hueco fiscal”.
En rigor, detalló que para el análisis tomaron como referencia el presupuesto 2022, que fue rechazado en el Congreso Nacional, en el que se estimaba recaudar alrededor de 1 billón de pesos en el año 2022 por retenciones al agro, un ingreso que según sostienen podría “ser compensado”.
En primer lugar, argumentan que, si se eliminaran las retenciones al campo, el PBI de la Argentina crecería, con más producción, al menos tres puntos extra por año y se generarían unos US$10.000 millones adicionales por exportaciones anualmente.
“Esto generaría un aumento de recaudación de 1% del PBI. Es casi la mitad de la recaudación de las retenciones. Además, si crece ese porcentaje el PBI, habría casi $400.000 millones de impuestos que recauda más el Estado porque el crecimiento económico genera mayor actividad y, como consecuencia, más recaudación”.
Por otro lado, aseguran que al eliminar las retenciones el productor tendría más ingresos y pagarían más Ganancias.
De esta manera, Hernández explicó: “La recaudación de ese tributo subiría 350.000 millones de pesos, que es un 30% del monto de las retenciones estimadas o el equivalente al 0,65% del PBI”. Agregó: “Además, las provincias tendrían más recursos porque por la ley de coparticipación federal, 200.000 millones quedarían para el Estado nacional y 150.000 para las provincias”.
El proyecto indica que, si la producción aumenta un 30%, también crecería el empleo; habría un incremento de 300.000 puestos de trabajo en toda la cadena. Esto permitirá un ahorro en planes sociales de alrededor de 60.000/80.000 millones de pesos (0,15%del PBI).
Proponen suspender por tres años el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. En rigor, indican: “Según datos oficiales, costó alrededor de 220.000 millones de pesos al Estado porque la promoción hace que siete empresas se queden con el IVA u ganancias de cada uno de los productos que ensamblan en Tierra del Fuego y se venden en el país. A su vez, nos daría margen para subsidiar los 8000 empleos directos que generan las 6 ensambladoras activas en esta región”.
Al respecto, el directivo señaló: “A Tierra del Fuego la afectaríamos relativamente porque la provincia va a recaudar más por coparticipación de ganancias y nosotros, a su vez, modelizamos que pagándole 120.000 pesos por mes a cada una de las 7000 personas que quedan sin trabajo, como subsidios de desempleo hasta que se relocalicen en actividades sustentables el impacto económico, de consumo y social, va a ser mínimo”.
Habló de “potenciar actividades” que “son sustentables” allí como “el turismo, la lana, la producción de madera”.
Remarcó: “Es importante que la eliminación de las retenciones se lleve a cabo con un plan macroeconómico de por medio, y bajo el paraguas de un acuerdo político de las principales fuerzas políticas”, señaló el presidente de la entidad.
El proyecto cuenta con una parte que es jurídica e histórica en donde cuestionan la legalidad de las retenciones. Detalla que países vecinos como Paraguay, Uruguay, Brasil, “no las tienen y se desarrollan sin derechos de exportación, sin inflación, sin múltiples tipos de cambio, sin desacople de los precios internacionales”.
Indica que el país “ofrece el triste privilegio de un doble récord: el que más grava sus exportaciones y el que menos crece desde hace décadas”.
Se sostiene en el trabajo que desde que en 2002 fueron reimplantadas “todos los indicadores de desarrollo se han deteriorado y la pobreza no ha parado de crecer, mostrando no sólo que las retenciones no son la solución…”. En rigor, se da a entender que son un problema.
“Atentan contra la letra y el espíritu de la Constitución Nacional según la cual la propiedad privada es inviolable y los impuestos no pueden ser confiscatorios” ; “constituyen una injustificable discriminación al sector agropecuario” en relación al resto de las actividades, señala el escrito, entre otros puntos.
Fuente: La Nación
