Hasta fin de enero pasado, cuando se suprimió una decena de artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también se excluyó el Régimen Federal Pesquero. Con esta decisión quedaban, entre otros puntos, cinco temas ligados al sector agropecuario y que buscaban tratamiento en el Congreso de la Nación. Esta mañana, luego de conocerse la primera versión que envió la Casa Rosada a mandatarios provinciales y referentes legislativos, se supo que no había ningún aspecto para el campo. En la versión anterior estaban puntos sobre biocombustibles, carne y semillas.
La situación generó sorpresa no solo en el arco político que acompañaba -de alguna manera- algunos de estos proyectos que estaban establecidos en el proyecto de ley, sino también en el sector empresario del agro. Sin embargo, hubo otros puntos donde celebraron la decisión por el tiempo de discusión que ameritan.
En la última versión que había pasado a foja cero todavía figuraban en la lista la ley de biocombustibles, la Upov-91 [de propiedad intelectual en semillas], la ley de Manejo del Fuego, la privatización de Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTea), y el Régimen de Control Sanitario, de habilitación y funcionamiento para matarifes para carne, a cargo del Senasa.
“Todas esas cuestiones ameritan una discusión en otros términos”, precisaron en el despacho de un diputado. Además del borrador general, también comenzó a circular un proyecto de ley de medidas fiscales, pero sin mención a las retenciones. “Del agro no hay nada. Sacaron todo”, dijo un diputado de la UCR.
ElINTea, una empresa pública de capitales mixtos, conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA] más entidades del agro, se iba a privatizar según el proyecto original. Sin embargo, ahora no está en la lista junto a otras empresas del Estado. Desde allí dijeron que estaban en conocimiento de la exclusión de la lista, pero de manera extraoficial. “Seguramente, seguiremos trabajando como lo venimos haciendo”, precisaron.
En el caso de los biocombustibles, cuyo proyecto busca la desregulación del mercado y el aumento en el corte, mencionaron que, en parte, les da tranquilidad que el tema no está en la agenda del borrador. “Para las pymes elaboradoras de biodiésel es una tranquilidad que el Poder Ejecutivo haya retirado el capítulo que reformaba la Ley de biocombustibles”, dijo Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, [Cepreb].
Hoy el gasoil se mezcla con un 7,5% de biodiésel y la nafta con 12% de etanol: 6% de caña de azúcar y 6% de maíz. A partir de la modificación de la ley se buscaba que en las mezclas en biodiésel el piso sea de 10% hasta llegar al 12,5% en 2026. Podía, en tanto, bajar hasta el 3% en ciertos casos.
En la propuesta de bioetanol se hablaba de un corte del 12%, además, otorgaba facultades a la Secretaría de Energía de aumentarlo del 12% al 15% a 2026. Y podía bajar hasta el 3% en el bioetanol de maíz en determinadas condiciones. Se eliminaban los cupos y los precios regulados: se permitía ingresar al abastecimiento interno a las grandes crushing de soja. Se abría un régimen licitatorio, uno para las grandes multinacionales y otro para el resto de las pymes.
“Tenemos una ley vigente que nos permite producir y es lo que estamos haciendo, con todas las plantas trabajando bien. Estamos dispuestos a conversar y a proponer ideas para mejorar la dinámica del sector. Sin dudas la agroindustria y la energía tienen muchísimo para aportar al país y nosotros tenemos una posición proactiva en ese escenario”, agregó Martelli.
El régimen de licitaciones que buscaba el gobierno era periódico y procuraba la igualación del uso de la capacidad instalada de ambos segmentos. En el biodiésel ninguna empresa podía tener más del 14% del mercado. El precio de las licitaciones no podía superar la paridad de importación, al precio de lo que resultaría si se traía del exterior.
“Llama poderosamente la atención la no inclusión en el borrador del proyecto de la ley de bases del capítulo de biocombustibles: la Argentina tiene una posibilidad excepcional de tener un mercado libre con competencia y con crecimiento en bioetanol y en biodiésel. No podemos perder esta posibilidad que en el resto del mundo se está haciendo. Instamos al Gobierno a que lo reintroduzca con una propuesta más agresiva de libre competencia”, dijeron desde la Cámara Argentina de Biocombustibles [Carbio].
Luis Picat, diputado cordobés por la UCR, mencionó que era sumamente importante el capítulo de los biocombustibles y la inversión que se consideraba, ya que se iba a tener una previsibilidad hacia adelante de cómo iba a ser la participación de los biocombustibles en el mercado. Destacó también que todo el capítulo de carnes, con un estatus sanitario federal y unificado y con mayor transparencia, quedó en el camino. “No solo ayudaba a combatir la parte desleal, desde el lado fiscal, sino que también elevaba el estatus sanitario, es decir, que elevaba la calidad sanitaria del producto final. Con todo lo que estamos viendo del síndrome urémico era sumamente importante unificarlo”, precisó.
Sobre la Upov-91, mencionó que tiene que haber un paso intermedio, como elevar los controles por parte de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Nacional de Semillas [Inase]. Además, la ley contemplaba la promoción del empleo registrable, la desregulación económica y el Régimen de Grandes Inversiones [RIGI], donde la agroindustria va a tener muchas oportunidades para seguir creciendo a través de las nuevas inversiones en la actividad.
“Por lo menos el Gobierno no insistió en la suba de las retenciones, por el momento. Es sumamente importante que el Ministerio de Economía haya entendido que esto era muy perjudicial para la confianza y las nuevas inversiones”, afirmó.
(Fuente: La Nación)
