La pavimentación de una ruta generó tensión entre el gobierno de Santa Fe y un grupo de productores agropecuarios. La provincia habló del «modelo a la chilena» con aportes de privados, mientras que el campo puso el grito en el cielo y argumentó que le siguen sacando plata.
Qué pasa con la ruta 70S de Santa Fe
El conflicto comenzó cuando el gobierno de Santa Fe decidió pavimentar la ruta 70 S a través del sistema de contribución de mejoras, en la que los propietarios beneficiados por la obra deben afrontar parte de la inversión.
Hay zonas (los frentistas) que deberán pagar 60 cuotas de $300.000 por hectárea, un total de 18 millones de pesos. Ante esta situación, un grupo de productores mostró su negativa.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, dijo que entre todos los productores alcanzados pagarán el 15 % de la obra. Pero está abierta la posibilidad de oponerse. “Es la única manera de que se empiecen a hacer obras”, explicó tras argumentar la quita de fondos por parte de Nación.
El aporte total de los productores actualizado a septiembre sería de más de $ 2.923 millones.
El propietario Marcelo Castaño tildó de abusiva y aseguró: “Me quieren sacar 3, 4 años de trabajo”. Además, agregó que no se opone a la obra, pero no está dispuesto a pagarla.
El conflicto de la ruta 70 S
La ruta provincial 70 une la localidad de Freyre, Córdoba, con Recreo, Santa Fe. En el medio pasa por Rafaela y Bella Italia. El conflicto está sobre la ruta 70 S (secundaria) que une Bella Italia con Aurelia. Actualmente, es mayoritariamente de ripio y tiene una parte asfaltada.
Ese camino secundario comenzó a pavimentarse en la gestión anterior, pero luego se paralizó. La administración de Maximiliano Pullaro decidió reflotar la obra y para ello encuadró esta inversión bajo la ley de contribución de mejoras.
Los productores y la Sociedad Rural de Rafaela (SRR) argumentaron que no es una obra nueva porque estaba licitada y en ejecución. Sin embargo, el gobierno explicó que al asumir estaba paralizada y tuvo que comenzar el proceso de nuevo.
El presidente de la SRR, Leonardo Alassia, dijo a Agrofy News que, desde el inicio del proyecto de ley, que fue sancionada el año pasado, siempre estuvo en contra. “El Estado ya está cobrando a través de Ingresos Brutos, coparticipación nacional y del inmobiliario rural, que está para esto. Evidentemente, lo desconoce o el presupuesto no le cierra al gobierno de la provincia y quiere involucrar a los frentistas y no frentistas”.
La normativa estaba vigente, pero se modificó en 2024 y permite hacer obras con el aporte de privados. En este caso, el Ministerio de Obras Públicas dispuso que los productores alcanzados en un determinado radio (son 700 partidas inmobiliarias) hagan un aporte según la cercanía de la obra. Se abrió un registro de oposición, que debe superar el 51 % para que la ruta no se pavimente.
De esta manera, los propietarios financiarán el 15,8 % de la obra, mientras que la provincia aportará el 79,2 % y los municipios el 5 %. El costo de la obra, según informó Vialidad Provincial, es de $18.503 millones. Enrico explicó:“La paralización de la obra pública nos obliga a tener que pensar mecanismos de financiamiento”.
Las 700 partidas alcanzadas por la contribución por mejora se dividen en cinco zonas según la distancia a la que se encuentra de la obra. El frentista es quien más debe aportar por hectárea, luego le sigue el anillo 1, 2, 3 y 4, los más alejados.
Pagar o no pagar es la cuestión
La provincia insiste en que en este contexto se necesita la participación del privado. “El gobierno de Milei planteó que las obras se tienen que hacer al modelo de la chilena, es decir, con el aporte del privado. No compartimos, pero evidentemente cambia un criterio en materia de obras, y eso se esparce en todo el país”, contestó Enrico.
Castaño insiste con que el Estado ya le cobra impuestos para afrontar las obras. El productor ganadero, que tiene 130 hectáreas, mencionó que no es fácil porque el aporte total ronda los 20 millones de pesos. También insistió en que el sector tiene una carga tributaria inmensa y definió a la obra pública como obra privada con administración pública. “Es ineficiente, cara y corrupta. Es tremenda la carga impositiva que tenemos y que no tenemos las obras”, apuntó.
Enrico dijo desconocer el motivo de la oposición y aclaró que en otras regiones les piden este tipo de obras. “A Santa Fe la hizo grande la contribución de mejora y los productores saben a lo que me refiero”, dijo en referencia al costeo de rutas.
Alassia no tardó en responder: “El gobierno de la provincia, en materia lechera, hizo un muy buen trabajo, pero en materia de obra pública no viene haciendo bien las cosas”. E insistió que la política la tiene fácil porque si el frentista se opone, los funcionarios le echarán la culpa, de lo contrario, se sacarán la “foto”.
El productor afectado contó que habló con otros vecinos para informar sobre esta situación y denunció que nunca recibieron una notificación formal. “Hay quienes se oponen y quienes la van a pagar”, contó.
Hasta el momento, la provincia tiene un 24 % de oposición y la fecha vence el 3 de diciembre. Pero Castaño se mostró enojado: “Si no se armaba el grupo de WhatsApp, nadie se enteraba de que tenía que pagar. Somos 170 personas dentro del grupo”, dijo, al mismo tiempo que anticipó que se reunirán con otros vecinos para tratar de llegar al 51 %.
La discusión está abierta hasta el 3 de diciembre. Ese día se sabrá si la obra se hace o no y si los productores deberán aportar. Mientras tanto, el conflicto continúa.
Fuente: Agrofy News
